El conflicto sobre el incremento del precio del diésel en Colombia sigue sin resolverse, poniendo en jaque tanto al gobierno como a los gremios del transporte de carga. Este martes 2 de julio, se llevó a cabo un nuevo intento para alcanzar un acuerdo que permita continuar con los incrementos en el precio del diésel, tras el arranque inicial que afectó a los grandes consumidores del combustible.
En el encuentro, seis presidentes de gremios del transporte de carga se reunieron con representantes del Gobierno en un ambiente de confidencialidad, sin fotos ni grabaciones, ya que los asistentes tuvieron que dejar sus celulares antes de ingresar al recinto. Por parte del Gobierno, asistió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acompañado por el viceministro del Ministerio de Hacienda y varios funcionarios y asesores de los ministerios implicados, incluido el de Transporte.
La reunión no logró producir conclusiones claras. Sin embargo, se estableció un nuevo encuentro en 15 días para continuar discutiendo la aplicación de los incrementos en el precio del diésel, similar a lo que se hizo con la gasolina hasta que alcanzó la paridad con los precios internacionales. La principal preocupación radica en que un aumento en el precio del diésel, actualmente alrededor de los 9,000 pesos, podría afectar negativamente la senda bajista de la inflación en Colombia. Esto se debe a que el transporte de carga, fundamental para el movimiento de alimentos a lo largo y ancho del país, depende en gran medida de este combustible.
El objetivo del incremento en el precio del diésel es cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que durante años ha subsidiado la diferencia entre el precio internacional y el local del combustible. En teoría, el Fepc debería equilibrarse cuando los precios internacionales bajan, pero esto no ha sucedido. Según el ministro Bonilla, el déficit acumulado del Fepc entre 2022 y 2023 se debe en un 62.6% al diésel.
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A lo largo de las discusiones, los voceros de los gremios del transporte de carga han mostrado su descontento, levantándose de la mesa de negociación en varias ocasiones y amenazando con convocar un paro. Hasta la fecha, se han realizado cuatro mesas de negociación sin lograr un acuerdo. El próximo encuentro, previsto en 15 días, será crucial para determinar el futuro de esta disputa.
El aumento en el precio del diésel no solo afecta a los transportistas, sino que tiene repercusiones en toda la economía colombiana. El transporte de carga es esencial para la distribución de alimentos y otros bienes, y cualquier aumento en los costos de transporte se traduce en un aumento en los precios de los productos básicos. Esto podría contrarrestar los esfuerzos del Gobierno para reducir la inflación, que ha sido una prioridad en los últimos años.
María Rodríguez, presidenta de uno de los gremios de transportistas, expresó su frustración en una entrevista posterior a la reunión: “El Gobierno no entiende las implicaciones reales de estos incrementos. No solo nos afecta a nosotros como transportistas, sino a toda la cadena de suministro y, en última instancia, a los consumidores colombianos.”
Por su parte, el ministro Bonilla defendió la postura del Gobierno: “Entendemos las preocupaciones de los gremios, pero debemos encontrar un equilibrio que permita sostener el Fepc y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad económica del país.”
La próxima reunión entre los gremios y el Gobierno será determinante. Ambas partes necesitan mostrar flexibilidad y disposición para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos. Los transportistas buscan que el aumento sea gradual y que se consideren subsidios o apoyos específicos para mitigar el impacto en su sector. El Gobierno, por su parte, busca equilibrar las cuentas del Fepc sin desestabilizar la economía.
La encrucijada del diésel en Colombia es un reflejo de las complejas dinámicas entre las políticas gubernamentales y las necesidades del sector privado. Mientras los transportistas y el Gobierno se preparan para su próximo encuentro, el país entero observa con atención, consciente de que el resultado de estas negociaciones afectará no solo al sector del transporte, sino a la economía en su conjunto. El desafío radica en encontrar un equilibrio que permita avanzar hacia un futuro sostenible y próspero para todos.
Fuente: Revista Semana
