En un país donde la movilidad sigue siendo un reto diario, las aplicaciones de transporte como DiDi, Uber e inDrive han revolucionado la forma en que los colombianos se desplazan. Con solo un clic, los usuarios pueden solicitar un vehículo y llegar a su destino de manera rápida y eficiente. Sin embargo, esta comodidad viene acompañada de un trasfondo problemático: la ilegalidad de estos servicios en Colombia, lo que expone a conductores y usuarios a sanciones legales.
A pesar del crecimiento exponencial de estas plataformas en los últimos años, el marco regulatorio colombiano no ha podido adaptarse a esta nueva realidad. Actualmente, los servicios de transporte ofrecidos por particulares a través de estas aplicaciones se consideran ilegales, ya que solo los taxis están autorizados para prestar este tipo de servicio. La legislación vigente, específicamente el Código Nacional de Tránsito, clasifica estas infracciones bajo el código D12, que castiga a aquellos que utilizan vehículos para prestar un servicio diferente del autorizado en su licencia de tránsito.
Esto significa que tanto los conductores como los propietarios de los vehículos pueden enfrentar severas multas y la inmovilización del vehículo. Según la normativa, la primera infracción resulta en un inmovilización de cinco días, la segunda en veinte y la tercera en cuarenta días. Esto ha llevado a una sensación de inseguridad entre quienes ven en estas plataformas una oportunidad de empleo, así como a la frustración de los usuarios que simplemente buscan una alternativa de transporte.
También le puede interesar: El Gobierno impulsa reforma del transporte de carga tras pactos con camioneros
Los conductores que operan a través de aplicaciones de transporte han expresado su descontento con lo que consideran persecuciones por parte del Gobierno Nacional. Muchos de ellos ven en estas sanciones una amenaza a su fuente de ingresos y a su autonomía. La situación se complica aún más cuando se considera que el transporte a través de plataformas digitales ha proporcionado una opción laboral viable para miles de personas en un contexto económico complicado.
“Las aplicaciones nos han dado la oportunidad de generar ingresos, especialmente en tiempos de crisis, y ahora nos exponen a multas que pueden arruinar nuestro sustento”, señala un conductor que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. Esta percepción de injusticia se agrava al ver que solo los taxis, que muchas veces no cumplen con la calidad de servicio esperada, son los únicos autorizados para operar.
Por otro lado, las empresas de transporte han argumentado que estas regulaciones no solo son obsoletas, sino que también limitan la competencia y el crecimiento económico. La Asociación de Empresas de Transporte por Aplicaciones ha insistido en que la regulación es necesaria, pero que esta debe ser moderna y adaptarse a las realidades actuales del transporte. “Es momento de que el gobierno se siente a la mesa con todos los actores del sector y desarrolle un marco regulatorio que incluya a las plataformas digitales”, enfatiza un representante de la asociación.
También le puede interesar: Nuevas normas para vehículos de transporte público
Además, se ha demostrado que la presencia de estas aplicaciones en el mercado no solo beneficia a los usuarios, que obtienen un servicio más rápido y accesible, sino que también impacta positivamente en la economía local. La generación de empleo y la dinamización del comercio son solo algunos de los efectos positivos que estas plataformas han traído.
La situación actual exige un análisis profundo de las políticas de transporte en Colombia. Es evidente que la regulación es necesaria, pero debe ser una regulación que contemple la modernización del sector y la inclusión de todos los actores involucrados. La discusión sobre el futuro del transporte por aplicaciones no puede seguir ignorándose. Las voces de los conductores, usuarios y empresas deben ser escuchadas.
La creación de un marco regulatorio que permita a las aplicaciones de transporte operar de manera legal no solo beneficiará a quienes dependen de ellas para trabajar, sino que también proporcionará a los usuarios un servicio más seguro y confiable. El Gobierno debe actuar con celeridad y responsabilidad para evitar que la falta de regulación continúe exponiendo a los ciudadanos a sanciones innecesarias y a una realidad de inseguridad en el transporte.
En conclusión, el avance de las aplicaciones de transporte en Colombia ha puesto de manifiesto la urgencia de una reforma legislativa que contemple las necesidades de los usuarios y de quienes prestan el servicio. La comodidad y la funcionalidad de estas plataformas no deben ser un lujo para unos pocos; debe ser una realidad accesible y legal para todos.
Fuente: El Universal
