En el transporte de carga por carretera en Colombia, el tiempo dejó de ser un factor invisible. Desde finales de noviembre de 2025, cada minuto que un camión permanece detenido en un punto de cargue o descargue tiene un reconocimiento económico obligatorio, un cambio normativo que busca saldar una deuda histórica con los transportadores, pero que también está reconfigurando la estructura de costos del sector.
La modificación, impulsada por el Ministerio de Transporte, introdujo la medición automática de los tiempos de espera a través del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). A partir de este ajuste, el sistema registra de forma automática el ingreso, la permanencia y la salida de los vehículos en los puntos logísticos, eliminando la discrecionalidad que durante años marcó estas operaciones.
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Para los transportadores, la medida representa un avance largamente reclamado. Las horas invertidas en filas, patios congestionados o procesos internos mal coordinados solían formar parte de la jornada real, pero quedaban fuera del cálculo del flete. Con la nueva regla, ese tiempo dejó de ser considerado improductivo y pasó a incidir directamente en el valor del servicio.
La tecnología se convirtió en el eje del nuevo esquema. Mediante dispositivos de georreferenciación instalados en los vehículos, se transmite información en tiempo real que permite construir una trazabilidad objetiva de cada operación. Sin embargo, en la práctica, esa precisión técnica no siempre logra reflejar la complejidad del entorno logístico.
Así lo advierte Sergio Ramírez, gerente para empresas de Satrack, quien explicó a Valora Analitik que, aunque el espíritu de la norma es acertado, su aplicación enfrenta desafíos importantes. “La medida tendrá impactos directos en la operación del mercado y en los costos del transporte. Es positiva porque reconoce un tiempo históricamente no remunerado, pero el reto está en la implementación y en que el sistema logre capturar con precisión lo que ocurre en la logística real”, señaló.
Uno de los principales focos de tensión está en las demoras que no dependen del conductor. La congestión portuaria sigue siendo un factor crítico: patios saturados, operaciones internas lentas y restricciones operativas pueden mantener a los camiones detenidos durante horas o incluso días. A esto se suman decisiones de las navieras relacionadas con la disponibilidad de contenedores, los tiempos de evacuación y la programación de embarques, variables que impactan directamente el flujo terrestre.
También inciden las fallas en la organización de centros de distribución y bodegas. Turnos mal asignados, falta de personal, retrasos en básculas o trámites documentales trasladan el costo del tiempo perdido al transportador, mientras el sistema se limita a medir la permanencia sin distinguir el origen de la ineficiencia.
En el terreno operativo, además, la medición automática no siempre se traduce de inmediato en el pago correspondiente. Transportadores advierten que, aunque los tiempos de espera ya quedan registrados en el RNDC, algunos generadores de carga aún no están incorporando estos valores adicionales en la facturación final, lo que abre un nuevo frente de discusión.
El impacto económico comienza a reflejarse en las tarifas. De acuerdo con Ramírez, un trayecto como Buenaventura–Bogotá, que anteriormente podía costar alrededor de $3 millones, hoy puede alcanzar los $3,5 millones solo por las demoras asociadas a los tiempos de espera. El incremento, cercano al 17 %, termina trasladándose a los generadores de carga y, en última instancia, al consumidor final.
Ante este escenario, el sector insiste en la necesidad de una implementación gradual y con ajustes. “En una fase inicial, mientras los sistemas se estabilizan, sería más efectivo incentivar el cumplimiento que sancionar fallas derivadas de circunstancias externas”, agregó Ramírez. Datos de operadores tecnológicos indican que entre el 30 % y el 40 % de los viajes presentan novedades que no dependen directamente del transportador, pero sí generan sobrecostos.
El Gobierno, por su parte, reconoce los cuellos de botella y anunció un plan de choque para mitigar la congestión portuaria. Entre las medidas se incluyen la operación continua 24/7 de la cadena logística, la evacuación obligatoria de contenedores vacíos por parte de las navieras y un refuerzo operativo en los puertos, con mayor disponibilidad de personal y equipos como grúas y básculas.
