El gremio camionero colombiano encendió las alarmas ante la decisión del Gobierno nacional de permitir el ingreso de camiones ecuatorianos al territorio colombiano sin trasbordo, una medida que, según los transportadores, se adoptó de forma unilateral y desconoce compromisos previamente adquiridos con el sector.
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció su paso a alerta máxima y no descartó la convocatoria a un paro nacional, si se mantiene el acuerdo que habilita la circulación de flotas del vecino país por las vías colombianas. La advertencia fue emitida tras la publicación, el sábado 7 de febrero de 2026, de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en el que se detalla el compromiso asumido por la Cancillería colombiana.
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Según el pronunciamiento de la autoridad ecuatoriana, Colombia aceptó permitir el tránsito de camiones ecuatorianos sin necesidad de trasbordo, bajo el principio de reciprocidad frente al trato que Ecuador brinda al transporte colombiano. Para la ACC, esta decisión resulta “grave, equivocada y altamente perjudicial” para el sector nacional.
El gremio advirtió que el transporte directo transfronterizo, en experiencias pasadas, ha incrementado los riesgos asociados a actividades ilícitas como el contrabando de combustibles y medicamentos, el tráfico de narcóticos y la trata de personas. En su comunicado, la organización sostuvo que este esquema favorece la concentración del mercado en grandes empresas y afecta de manera directa a los pequeños y medianos transportadores colombianos.
Asimismo, la ACC cuestionó que la medida haya sido adoptada sin consulta previa con las organizaciones del sector, pese a la existencia de mesas de trabajo creadas tras el Paro Nacional Camionero para discutir los asuntos estructurales del transporte de carga. Según el gremio, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, no socializó ni debatió este punto en dichos espacios, lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos firmados y una ruptura en la confianza entre el Gobierno y los transportadores.
Aunque el tono del pronunciamiento es elevado, la asociación reiteró su disposición al diálogo, siempre que el Ejecutivo revise el procedimiento y respete lo previamente consensuado. No obstante, advirtió que, de persistir la medida, los transportadores estarían dispuestos a recurrir a la inmovilización en todo el país.
“Los transportadores colombianos nos declaramos en alerta máxima, dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización, si el Gobierno insiste en desconocer lo acordado para beneficiar a unos pocos”, señaló la ACC.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Transporte ni la Cancillería colombiana han emitido un pronunciamiento oficial frente a las advertencias del gremio.
Tensión en la frontera se agrava por protestas y aranceles
La declaración de la ACC se suma a las protestas registradas en el puente internacional de Rumichaca, único paso terrestre habilitado entre Colombia y Ecuador, donde el martes 3 de febrero de 2026 transportistas y comerciantes de ambos países bloquearon el corredor binacional.
Los manifestantes exigieron el retiro de los aranceles del 30 % impuestos a diversos productos, al considerar que esta política ha provocado un colapso del comercio formal y está afectando gravemente el tejido económico y social de la región fronteriza. A este escenario se suma la interrupción del suministro de energía desde Colombia hacia Ecuador y la casi total paralización del intercambio comercial.
De acuerdo con datos citados por el medio ecuatoriano Expreso, la aplicación de los aranceles habría generado una caída cercana al 99 % del comercio formal en la zona, incluso antes de los bloqueos físicos. Edison Mena, presidente de la ACC Seccional Ipiales, estimó que la combinación de restricciones y cierres ocasiona pérdidas anuales por 570 millones de dólares para el transporte colombiano.
“El gremio representa cerca del 26 % de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, equivalentes a unos 2.200 millones de dólares al año”, afirmó Mena.
Desde Ecuador, exportadores advierten que las medidas podrían traducirse en pérdidas cercanas a 273 millones de dólares anuales, impactando sectores como el agrícola, alimentario y manufacturero. En la misma línea, la Cámara de Comercio de Tulcán alertó que el conflicto está afectando actividades clave como el almacenamiento, las agencias de aduana y el transporte internacional, fundamentales para la economía de la provincia de Carchi, donde el transporte es la segunda actividad económica después de la agricultura.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
