La creciente inseguridad en las carreteras del país ha encendido las alarmas en el sector transporte, tras registrarse una escalada de violencia que ha convertido la labor de los conductores en una actividad de alto riesgo.
De acuerdo con la Asamblea Nacional del Transporte (ANT), entre agosto de 2022 y abril de 2026 se ha configurado un panorama crítico caracterizado por homicidios, quema de vehículos, bloqueos sistemáticos, extorsiones y graves afectaciones económicas que comprometen la cadena de suministro en Colombia.
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El balance del observatorio del gremio revela que 68 transportadores han perdido la vida en medio de hechos violentos en las vías nacionales, una situación que, según la organización, se ha intensificado en los últimos meses y refleja el deterioro de la seguridad en los corredores estratégicos.
Asimismo, el informe indica que al menos 142 vehículos de carga han sido incinerados o destruidos, en su mayoría en acciones relacionadas con paros armados y retaliaciones de grupos ilegales. A esto se suman más de 2.950 bloqueos registrados en distintas carreteras del país, afectando el derecho al trabajo y la movilidad de miles de conductores.
En materia de criminalidad, la ANT documentó más de 5.200 denuncias por saqueos, robos de mercancía y cobros ilegales, evidenciando la expansión de prácticas como la piratería terrestre y las denominadas “vacunas”, que impactan de forma directa la operación logística.
El impacto económico acumulado supera los 14 billones de pesos, cifra que, según el gremio, refleja el daño al patrimonio de los transportadores y a la infraestructura logística nacional. Esta situación ha comenzado a repercutir en el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales en diversas regiones del país.
El suroccidente colombiano concentra los niveles más críticos de esta problemática. Departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño han sido identificados como epicentro de la crisis, donde se han registrado 24 conductores asesinados y 58 vehículos destruidos, lo que representa más del 40 % de los casos a nivel nacional.
En esta región, las pérdidas económicas superan los cinco billones de pesos, impulsadas por redes de extorsión, secuestro exprés y cobros ilegales que operan de manera sistemática sobre el sector transportador.
La Asamblea Nacional del Transporte advirtió que la acción de grupos criminales en estos corredores viales se mantiene con altos niveles de impunidad, incrementando la vulnerabilidad de los conductores y sus familias, quienes —según el gremio— se han convertido en víctimas directas de la violencia.
En su pronunciamiento, la organización hizo un llamado al Gobierno nacional para implementar medidas efectivas que garanticen condiciones de seguridad en las vías, al tiempo que reconoció el trabajo de la Fuerza Pública, señalando que sus esfuerzos resultan insuficientes sin una estrategia clara y contundente desde el nivel central.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
