El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en una propuesta para retirar el subsidio al Acpm que reciben los conductores particulares y los vehículos diplomáticos y oficiales, mientras analiza mantener este beneficio para el transporte público de pasajeros y de carga.
La iniciativa, que cuenta con una evaluación favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca acercar el precio interno del diésel a su referencia internacional y reducir la presión fiscal sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). De acuerdo con las estimaciones oficiales, el cambio permitiría generar un ahorro cercano a $698.000 millones al año.
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El planteamiento retoma una discusión que comenzó durante el Gobierno de Gustavo Petro y establece una diferenciación entre los usuarios del combustible. El objetivo es conservar el apoyo para los sectores de carga y pasajeros, con el propósito de limitar el impacto que un aumento generalizado del Acpm podría tener sobre los fletes, el transporte y los precios de los alimentos.
El Ministerio de Minas y Energía sustenta la propuesta en criterios de eficiencia económica y sostenibilidad fiscal. La decisión cobra relevancia debido al aumento de las cotizaciones internacionales del diésel, asociado en el texto oficial al conflicto entre Rusia e Irán, mientras el precio interno permanece contenido.
La SIC, por su parte, recomendó al Ministerio de Minas y Energía precisar la metodología utilizada para calcular el ingreso al productor fósil de diésel. También solicitó implementar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar y ajustar el esquema, además de acompañar la propuesta con una justificación actualizada.
El diésel aumenta la presión sobre el Fepc
La diferencia entre el precio interno del Acpm y su referencia internacional se ubica alrededor de $5.100 por galón, según una estimación de la Unión Gremial de Estaciones de Servicio. El cálculo toma como referencia el volumen comercializado y la brecha existente frente al precio internacional.
En Colombia se venden aproximadamente 160 millones de galones de diésel cada mes. Con la diferencia actual, el costo asociado a esa brecha se acerca a $800.000 millones mensuales, equivalente a unos $9,7 billones en un año.
David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, explicó a Portafolio que la gasolina corriente y el Acpm atraviesan situaciones fiscales diferentes. Mientras la gasolina logró cerrar su brecha y comenzó a generar aportes al Fondo desde 2024, el diésel mantiene una diferencia superior a $5.000 por galón.
Esta brecha depende de factores como las cotizaciones internacionales del petróleo, la tasa de cambio y el valor de los biocombustibles que hacen parte de la mezcla. En enero de este año, según la información gremial, la diferencia era cercana a $1.600 por galón, pero posteriormente aumentó debido al comportamiento del petróleo y al congelamiento de los precios.
El Presupuesto General de la Nación para 2026 contempla $9,6 billones destinados al Fepc, una cifra cercana al costo anual estimado por el gremio para cubrir la diferencia del diésel.
Las proyecciones sobre el costo del Fondo durante este año se encuentran entre $6 billones y $14 billones. Esta situación se suma a un déficit acumulado cercano a $83 billones entre 2021 y 2025. De acuerdo con registros del Ministerio de Hacienda, el déficit alcanzó $11,4 billones en 2021, $36,7 billones en 2022, $20,5 billones en 2023 y $7,66 billones en 2024.
Ajustes graduales, una alternativa para el Acpm
El sector de estaciones de servicio advierte que mantener durante un año una brecha similar a la actual podría sumar otros $9,7 billones al costo fiscal. Su estimación señala que cada $1.000 de diferencia por galón representa aproximadamente $1,9 billones anuales.
Para enfrentar este escenario, el gremio propone una estrategia de incrementos graduales a partir del precio actual de $11.282 por galón. Bajo el escenario planteado, alcanzar la referencia internacional requeriría un aumento acumulado cercano al 45%.
Una primera alternativa contempla aplicar el ajuste durante 24 meses, con incrementos mensuales de aproximadamente $213 por galón. Esta ruta implicaría una variación anual del 20,5% y un costo fiscal estimado en $7,3 billones.
Otra posibilidad extendería el proceso a 36 meses, con aumentos mensuales de unos $142 por galón. En este caso, la variación anual sería de 13,2% y el costo fiscal alcanzaría cerca de $8,1 billones.
Jiménez considera que cualquier esquema gradual debería anunciarse previamente y ejecutarse mediante incrementos pequeños y frecuentes. También plantea revisar la referencia internacional utilizada para el cálculo y evaluar el papel de la renta petrolera en la financiación del Fondo.
Mientras se define el mecanismo, el Gobierno analiza distintas fuentes para cubrir el Fepc, entre ellas recursos del presupuesto, ajustes en los precios de los combustibles, mayor endeudamiento o una combinación de estas alternativas. Paralelamente, una delegación del Ministerio de Hacienda prepara conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington sobre la situación fiscal y las posibles reformas.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: infobae.com
