Colombia elevó las telecomunicaciones a la categoría de infraestructura crítica nacional, una decisión que busca fortalecer la seguridad de las redes, los centros de datos y los sistemas digitales frente a las crecientes amenazas físicas, tecnológicas y cibernéticas. Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Defensa contará con un equipo permanente en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para coordinar la protección de las redes y responder oportunamente ante posibles incidentes.
La medida reconoce que una interrupción de los servicios de telecomunicaciones puede afectar no solo la conectividad de los ciudadanos, sino también el funcionamiento de la economía y la capacidad operativa de las instituciones estatales. En este contexto, el Gobierno colombiano busca fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad nacional y el sector TIC.
Defensa y MinTIC coordinarán la protección de las redes
La estrategia contempla la reactivación del trabajo conjunto entre ambos ministerios para identificar vulnerabilidades, prevenir riesgos y responder ante amenazas que puedan comprometer la infraestructura de telecomunicaciones.
Según la información oficial, el equipo de Defensa que operará de manera permanente en el MinTIC tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones de protección y facilitar una respuesta inmediata frente a incidentes. El objetivo es reforzar la seguridad física, jurídica, tecnológica y cibernética del país.
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Entre los riesgos identificados se encuentran las amenazas asociadas a organizaciones criminales que utilizan plataformas digitales para desarrollar actividades como la extorsión y el reclutamiento de menores. Estas dinámicas evidencian la necesidad de abordar la seguridad digital como parte integral de la protección de la infraestructura nacional.
De servicio público a infraestructura estratégica
La nueva determinación complementa el marco establecido en 2021, cuando Colombia promulgó la Ley 2108, mediante la cual se reconoció el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal. La norma buscó garantizar una prestación eficiente, continua y permanente, con especial atención a las comunidades rurales, remotas y vulnerables.
Ahora, el país amplía ese enfoque al reconocer que las redes de telecomunicaciones son indispensables para el funcionamiento de múltiples sectores económicos y sociales. Su protección adquiere mayor relevancia ante la intensificación de los conflictos internacionales, las tensiones comerciales y el aumento de los ataques contra sistemas físicos y digitales.
La experiencia de conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de mantener operativas las comunicaciones incluso en escenarios de alta inestabilidad. Por ello, diferentes gobiernos han comenzado a reforzar sus políticas para proteger los activos tecnológicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Colombia cuenta con una infraestructura diversa
El país dispone de conexiones internacionales mediante sistemas de cables submarinos, además de centros de datos y redes terrestres que soportan los servicios de conectividad. De acuerdo con cifras oficiales del MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), citadas en la información de referencia con corte a noviembre de 2025, Colombia contaba con 12 sistemas de cables submarinos, incluido Manta, que se encontraba en proceso de construcción y despliegue, así como con 41 centros de datos.
En el segmento móvil, la tecnología 4G mantiene el mayor nivel de cobertura, con un 94,5 %, mientras que la red 3G alcanza el 76 %. La infraestructura 2G conserva una cobertura del 25 %, y el despliegue de 5G se situaba en el 5,2 %, según los datos citados.
En las conexiones fijas, la fibra óptica representa aproximadamente el 55 % de los accesos, aunque todavía se utilizan tecnologías como el cablemódem y las redes de cobre. A estas alternativas se suman los enlaces satelitales, que adquieren relevancia para ampliar la conectividad en zonas de difícil acceso.
La distribución geográfica de la población también plantea desafíos. La presencia de comunidades rurales exige soluciones que permitan mantener los servicios ante fallas de infraestructura, dificultades de acceso o interrupciones de las redes principales.
La resiliencia será determinante para garantizar la continuidad
La protección de esta infraestructura requiere una visión integral que abarque los cables submarinos, las redes terrestres, los centros de datos y los sistemas satelitales. También será necesario evaluar las conexiones entre estos componentes y su capacidad para mantener la operación cuando alguno de ellos presente fallas.
En este escenario, la redundancia desempeña un papel fundamental. Disponer de rutas alternativas y sistemas de respaldo permite reducir la dependencia de un único enlace y facilita la recuperación de los servicios cuando ocurre una interrupción.
La seguridad y la resiliencia, aunque están relacionadas, no son conceptos idénticos. La primera se concentra en prevenir y mitigar amenazas, mientras que la segunda busca garantizar que los sistemas puedan resistir incidentes, recuperar su funcionamiento y mantener la prestación de los servicios esenciales.
Por esta razón, la estrategia colombiana deberá considerar tanto la prevención de ataques como la detección de fallas, la gestión de riesgos, la recuperación operativa y la disponibilidad de alternativas de conectividad.
Brasil, Europa y Estados Unidos marcan precedentes
Colombia no es el único país que ha avanzado en la protección de las telecomunicaciones. En Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) cuenta con un reglamento de seguridad cibernética aplicado al sector, que establece obligaciones relacionadas con la protección de equipos, redes y usuarios.
Ese país también creó el Grupo Técnico de Seguridad Cibernética y Gestión de Riesgos de Infraestructura Crítica, conocido como GT-Ciber, para reunir al regulador y a los operadores sujetos a las disposiciones de seguridad. En el caso colombiano, todavía está por precisarse el alcance de las obligaciones que acompañarán la nueva clasificación.
En la Unión Europea, la Directiva CER 2022/2557 establece medidas para fortalecer la resiliencia de las entidades que operan infraestructuras críticas y prevenir interrupciones de servicios esenciales. Este marco se complementa con la Directiva NIS2, enfocada en la ciberseguridad y la gestión de riesgos digitales.
Estados Unidos, por su parte, incorporó desde 2013 las telecomunicaciones dentro de su estrategia de protección de infraestructuras críticas. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) reconoce la importancia de las redes para el funcionamiento de sectores como energía, agua, transporte, servicios financieros, atención de emergencias y tecnologías de la información.
Esta relación también opera en sentido contrario: las telecomunicaciones dependen de la electricidad, los sistemas informáticos y las cadenas logísticas para mantenerse activas. Por ello, la protección de estos sectores requiere coordinación y planes de continuidad que contemplen las dependencias entre las distintas infraestructuras.
El reto económico para los operadores
La decisión de Colombia se produce en un escenario de creciente digitalización y de mayores riesgos para las redes que sostienen la actividad económica y los servicios públicos. La combinación de tensiones geopolíticas, amenazas cibernéticas y dependencia tecnológica ha llevado a los gobiernos a revisar sus políticas de seguridad y protección de activos estratégicos.
Sin embargo, la implementación de estas medidas también plantea interrogantes sobre los costos que deberán asumir los proveedores de telecomunicaciones para cumplir con nuevas exigencias de seguridad, redundancia, monitoreo y recuperación de servicios.
El alcance de las obligaciones, los mecanismos de supervisión y la distribución de responsabilidades entre el Estado y los operadores serán determinantes para establecer el impacto de la medida. El desafío consistirá en fortalecer la seguridad y la continuidad de las redes sin generar cargas desproporcionadas que dificulten la inversión y la expansión de la conectividad.
Con esta decisión, Colombia refuerza el reconocimiento de las telecomunicaciones como un componente esencial de la seguridad nacional. Su efectividad dependerá de la coordinación institucional, la capacidad de respuesta ante incidentes y las inversiones necesarias para garantizar que la infraestructura permanezca operativa incluso en escenarios de crisis.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: TeleSemana.com
