En medio de la polémica que ha desatado en el país la expedición del decreto 348 mediante el cual se reglamenta las condiciones en las que debe funcionar en el servicio de transporte especial (escolar y turismo), varios conductores y propietarios de este gremio en el departamento del Huila señalan que vienen siendo abusados por parte de las empresas a las que tienen afiliados sus automotores.
De acuerdo con Roberto Suárez, propietario y conductor de un vehículo tipo Van, incluso los mismos colegios trabajan de la mano con las compañías de servicios especiales para dejar más baratos los contratos, incluir más automotores de los que se firmó, pagar la monitora que debe ir en el carro y transportar mayor número de personas a las que se llegó en el acuerdo, lo que finalmente afecta el trabajo que ellos están realizando.
Para Suárez, si bien el decreto ayudaría en cierta manera a mejorar la calidad del servicio, algunas de las cosas que se plantean en este son exageradas y sería muy oportuno que antes de realizar un cambio en las herramientas de trabajo se debe realizar una transformación en las políticas de manejo del transporte de servicio especial
El caso de Roberto
Desde hace siete años, Roberto Suárez, es propietario y conductor de una camioneta tipo Van, vehículo que tiene adscrito a una empresas que presta el servicio especial en la ciudad de Neiva. Este experimentado conductor destaca que en todos los años que ha desempeñado esta labor ha sido testigo de abusos por parte de las empresas y algunas instituciones contratistas.
Según Suárez las tarifas por las que trabajan no compensan el trabajo que tienen que realizar y que gran parte de quienes los contratan cobran un valor y registran por otro. “En un colegio en el que estaba prestando el servicio les facturaban a los padres de familia 190 mil pesos por 30 días al mes por cada estudiante, cobrando fines de semana, a nosotros la empresa no nos paga los fines de semana y por un valor menor al que habían cobrado, 120 mil pesos” cuenta Roberto.
Escobar manifiesta que para justificar estos dineros, la empresa y el colegio colocan otro vehículo para el transporte de profesores y administrativos, lo que no es legal, pues el contrato es específico y delimitado a realizar viajes con estudiantes y con un solo automotor.
“Para completar el pago no es puntual, en casi todos los lugares se trabaja sobre mes vencido, mi carro le trabaja al colegio y a la empresa donde estoy afiliado todo el mes gratis y el dinero es tarde, hay compañeros a los que les adeudan pagos desde el año pasado”, dice Roberto.
Las exigencias
De acuerdo con el testimonio de Suárez, no solamente las empresas de servicios especiales y algunas de las instituciones contratistas pagan parte del dinero acordado, sino que además tienen exigencias extras ante la prestación de los servicios.
“Se supone que dentro del contrato la empresa o el colegio debería pagar la monitora, encargada de estar pendiente de los niños, que vayan sentados, ayudarlos a bajar, pero de lo que nos corresponde de pago se saca la plata para pagar ese servicio”, señala Roberto.
El conductor expresó que en cierto momento quiso dialogar con el rector del colegio con respecto a los precios, pero que la reacción de éste, al hacerle una petición de valores económicos en el servicio, fue la de decir que su vehículo era muy pequeño, que su contrato quedaba suspendido y que no lo necesitaban más.
Sumado a esto, Suárez destaca que los carros que pertenecen a este tipo de servicio y que realizan transporte escolar deben estar en muy buen estado, cada dos meses tiene revisiones y son muy propensos a sufrir daños, pues muchos pasajeros no los cuidan, “casi todos los días tenemos que hacerle alguna inversión, si los clientes ven que algo está mal o en mal aspecto, no utilizan el servicio”. Al igual que Roberto, la gran mayoría de ciudadanos que pertenecen a este sector se quejan por la situación que viven.
DIARIO DEL HUILA intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con los representantes legales de las empresas prestadoras del transporte especial de Neiva, pero no fue posible conocer su respuesta y tampoco ser atendidos los requerimientos solicitados por este medio de comunicación.
El Decreto 380
A Roberto y a todos los conductores y propietarios de vehículos que prestan este tipo de servicio en el país, les sorprendió el decreto 348 expedido en febrero de 2015 por el gobierno Nacional y mediante el cual se reglamenta las condiciones en las que este sector transportador debe funcionar.
“No estamos en contra de que se preste un buen servicio y que existan garantías para el pasajero, lo que no compartimos es que tengamos que pagar los arreglos que exige el decreto y además que sigamos bajo este monopolio que tienen las empresas de transporte y sus contratistas. Mucho menos le voy a regalar mi patrimonio a una compañía”, dijo Suárez.
Entre las más discutidas reglas que aplica esta ley se encuentra la de la establecer una vida útil para este tipo de autos en 20 años para realizar viajes turísticos y 15 para transporte escolar, situación que aunque no preocupa por el momento a Roberto, pues su vehículo tiene el mismo tiempo de antigüedad que lo que él lleva en el gremio.
“Lo que me tiene intranquilo y en lo que me veo muy perjudicado por el decreto es en cuanto a los requerimientos que están haciendo para poder trabajar, tenemos que poner emblemas, gps y cámaras”, dice Suárez. En este punto, el 348 establece que las rutas que prestan transporte escolar deben implementar cámaras de vídeo y un sistema de localización satelital en los vehículos destinados para este servicio.
Según el Decreto, con estas medidas los padres de familia tendrán acceso para monitorearlos, al igual que el personal del colegio o institución educativa, con lo que se pretende brindar más seguridad a los menores.
“Un niño en Neiva, cuando mayor tiempo está dentro del vehículo es de treinta minutos antes de llegar a la casa, los papás saben a qué hora sale del colegio su hijo y se tiene especificado a qué hora se le deja en la puerta de su casa, si se presenta algún inconveniente se avisa con anterioridad. En mi concepto son medidas muy exageradas”, argumenta Suárez.
No tienen el dinero
En lo que tiene que ver con el decreto y las adecuaciones que se les deben hacer a los vehículos, Escobar expresó que no tienen el dinero para realizarlos, pues según el decreto, cada dueño debe actualizar su vehículo.
De acuerdo Roberto la empresa a la que está afiliado, les planteó a él y a sus compañeros que los carros sean pignorados, la compañía les pagaría una mensualidad, pero Escobar no tiene la intención de hacerlo, pues ese es el único patrimonio con el que cuenta.
Fuente: Diario del Huila
Fotografía: Flickr
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