A la Andi le preocupan dos temas sobre los que se habla: un impuesto a las bebidas no alcohólicas y la eliminación de facto de las zonas francas.
nalmente se viene la reforma tributaria. Desde antes de ser aprobada la del 2014, se había creado el compromiso de que fuera “estructural” y que solucionara las distorsiones históricas, incluyendo las muy protuberantes que se estaban creando en ese momento.
En el largo camino transcurrido entre ese fin del año 2014 y hoy, mucho ha pasado en términos económicos, especialmente aparecieron las afugias fiscales que no teníamos en esos momentos. Así, la reforma que se requiere hoy debe ser “estructural”,debe aumentar el recaudo para compensar la caída de la renta petrolera y permitir la financiación del posconflicto.
Desde el punto de vista de competitividad, la reforma debe permitir que Colombia elimine las inmensas desventajas frente al mundo. Un trabajo de la Andi mostró cómolos empresarios colombianos pagan una tasa impositiva final del 69,2%, una de las tres más altas del planeta superando con creces el 47,4% de Latinoamérica y el 41,2% de países de la Ocde, nuestros competidores en productos e inversión.
Razonables son las voces que piden que pensemos en términos del beneficio general y no pidamos que se incluyan ventajas indebidas para agentes individuales o sectores particulares.
Por esta misma razón, a pesar de que no se han iniciado formalmente los debates de fondo, llaman mucho la atención los indicios que apuntan a que se podría establecer un impuesto a las bebidas no alcohólicas, una sobretasa a los combustibles utilizados para generación eléctrica o se podría eliminar de facto el régimen de zonas francas.
Hemos insistido en la necesidad de contar con una política industrial moderna que permita insertarnos en las cadenas globales de valor en forma competitiva. También hemos llamado la atención sobre la ausencia casi total de mecanismos de promoción a la actividad industrial.
No sería exagerado decir que las zonas francas han sido casi el único instrumento con el cual hemos contado para enfrentar la muy agresiva competencia internacional.
Hoy más de 16 países de la Ocde tienen instrumentos equivalentes. Sería totalmente equivocado poner en peligro los más de 241.000 empleos que ellas albergan o los más de 35 billones de pesos de inversión que se han localizado allí.
El caso que va más en contravía, es el de los llamados “temas particulares”, como es el de las bebidas no alcohólicas. Influenciados por campañas internacionales que atacan estos productos, culpabilizándolos de la obesidad que vive el mundo, algunos países han aprovechado estos argumentos para aumentar el recaudo con impuestos directos.
Son muchas las especulaciones y afirmaciones no contundentes en toda esta discusión, por lo que quisiera enumerar tres hechos concretos:
Primero, este sector ha venido siendo el de mayor crecimiento en la economía en un momento en el que estamos viviendo indicios de desaceleración. Genera más de 40.000 empleos directos y 140.000 indirectos incluyendo tenderos.
Segundo, gravar el sector líder de la economía genera recaudo, pero tiene consecuencias graves sobre su actividad, además del efecto que un aumento en su precio tendrá en el bolsillo de los colombianos con menor poder adquisitivo.
Tercero, después de varios experimentos muy desafortunados en otros países, no existe ninguna evidencia científica que indique que se han reducido los índices de obesidad.
Es importante que esta reforma sea adelantada con seriedad, estos dos rumores enrarecen el ambiente para un ejercicio del cual dependerá el futuro de la economía colombiana.
Fuente: Portafolio
Fotografía: www.larepublica.co
