El reciente congelamiento de las tarifas de peajes, ordenado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 050 de 2023, ha desatado una fuerte advertencia de la Contraloría General de la República. Según el ente de control, el Estado podría enfrentar un pago de hasta $1,02 billones para compensar a los concesionarios viales por la falta de ajuste en las tarifas.
Este congelamiento, implementado con la intención de frenar la inflación, ha afectado gravemente el recaudo de los peajes, perjudicando a 38 concesionarios viales, especialmente a aquellos bajo contratos de iniciativa privada (IP). Estos contratos dependen exclusivamente del recaudo de peajes para recuperar su inversión, por lo que el déficit generado podría tener consecuencias económicas desastrosas.
También le puede interesar: Impacto del aumento de peajes en 2025
La Contraloría advirtió que en 2023 la afectación económica llegó a los $610.000 millones. Si no se autoriza un ajuste del 4,64% en las tarifas, se proyecta un impacto adicional de $410.000 millones en 2024. Este déficit, de no ser abordado, deberá ser cubierto por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con recursos del presupuesto general de la Nación, incrementando la presión sobre las finanzas públicas.
Además, la situación podría agravarse debido a los procesos arbitrales iniciados por algunos concesionarios. Estos procesos podrían llevar a mayores pagos por parte del Estado, aumentando aún más la cifra inicialmente proyectada.
Esta advertencia subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre las políticas públicas de control de la inflación y la sostenibilidad económica de las concesiones viales. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para evitar que el costo del congelamiento de peajes recaiga sobre las arcas del Estado, afectando la inversión en otros sectores críticos para el desarrollo del país.
También le puede interesar: Peajes en Colombia: ¿Mantenimiento vial o carga económica para los conductores?
La discusión ahora se centra en si se autorizará el ajuste de tarifas necesario para evitar un mayor déficit, o si el Gobierno Nacional buscará otras alternativas para mitigar los efectos de su decisión, protegiendo al mismo tiempo a los usuarios de los peajes y garantizando la viabilidad económica de las concesiones.
Fuente: Legis
