Después del paro camionero que sacudió a Colombia en septiembre debido al aumento en el precio del ACPM, el sector del transporte de carga se encuentra en una encrucijada. Las recientes propuestas del Gobierno de Gustavo Petro, especialmente en lo que respecta al incremento del impuesto al carbono, han generado preocupación en la industria, que teme un nuevo paro camionero con consecuencias devastadoras para la economía y la distribución de productos básicos.
Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), ha sido clara al expresar su inquietud sobre este tema: “El alza en los precios del ACPM es lo que más nos preocupa en este momento. En la reforma tributaria, se ha propuesto un incremento en el impuesto al carbono, lo que podría llevar a un aumento adicional de $400 por encima del acuerdo que teníamos con el Gobierno. Esto genera mucha incertidumbre en el gremio.”
Un acuerdo frágil y la amenaza de nuevas protestas
El paro camionero que afectó al país terminó gracias a un acuerdo alcanzado entre el gremio transportador y el Gobierno. Se estableció un aumento de $400 en el precio del ACPM para septiembre y otro incremento del mismo valor para diciembre de 2024, lo que elevó el precio en total a $800. Sin embargo, la preocupación sigue latente, ya que el acuerdo dista mucho de la intención inicial del Gobierno, que buscaba un aumento de $2.000 en el precio del combustible.
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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dejado claro que el ajuste en el precio del ACPM no ha concluido. Su objetivo es cerrar la brecha con los precios internacionales del combustible, lo que implicaría un aumento de $6.000. “En 2024 vamos a cerrar el hueco del déficit con $11 billones. Con los ajustes que podamos hacer en 2025, quedará en $5 billones y para 2027 deberíamos haber cerrado el déficit por completo”, afirmó Bonilla.
Si el impuesto al carbono se incrementa en un 200%, como ha sido propuesto, el sector del transporte de carga se vería gravemente afectado. Esto, a su vez, podría provocar un nuevo paro camionero, similar al de septiembre, lo cual representaría un golpe directo a la economía nacional y afectaría los precios de los alimentos.
El impacto en la economía y en los precios de los alimentos
Los efectos de un paro camionero en Colombia son profundos y se extienden a toda la cadena de suministro de alimentos. Durante el paro reciente, los precios de productos básicos como la cebolla junca se dispararon en un 567%, alcanzando los $8.333 por kilo, de acuerdo con cifras del DANE. Otros productos, como la cebolla cabezona, experimentaron un incremento del 129%, situándose en $3.950 el kilo.
La distribución de alimentos frescos, incluyendo verduras como el tomate y la zanahoria, así como tubérculos como la papa criolla y la arracacha, también se ve afectada durante los bloqueos. Estos incrementos en los precios no solo impactan a los consumidores, sino también a los productores, quienes se ven limitados para llevar sus productos a los principales centros de consumo.
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Si el transporte de carga se paraliza nuevamente, los efectos sobre el precio de los alimentos podrían ser aún más graves, afectando principalmente a las familias de menores ingresos que destinan una parte importante de su presupuesto mensual a la compra de alimentos.
Pérdidas millonarias y la necesidad de soluciones
Los bloqueos y paros camioneros no solo afectan el precio de los alimentos, sino que también generan pérdidas millonarias para el sector del transporte. Cada día que los vehículos de carga se detienen, las empresas del sector reportan grandes pérdidas económicas, y los transportadores, especialmente los más pequeños, se ven obligados a enfrentar situaciones financieras críticas.
El Gobierno, por su parte, ha señalado que está dispuesto a mantener el diálogo con los transportadores para encontrar soluciones a largo plazo. Sin embargo, el aumento del impuesto al carbono, sumado a los ajustes propuestos en los precios del ACPM, coloca una gran presión sobre el sector y genera incertidumbre sobre las posibles medidas que podrían tomarse en 2025.
Fuente: Pulzo