El Consejo de Estado tomó la decisión de no aceptar una petición para suspender provisionalmente el decreto presentado por el Gobierno.
El Consejo de Estado negó la solicitud para que se suspendiera provisionalmente el decreto por medio del cual el Gobierno nacional reglamentó las condiciones para la prestación del servicio público de transporte en taxis y vehículos de lujo hace seis años (Decreto 2297 de 2015).
Según explica el Consejo de Estado, una de las personas que acudió a este proceso en apoyo a las pretensiones de la parte demandante, solicitó que se suspendiera esta medida mientras se enjuiciaba su legalidad.
Según argumentaba esta persona, “el acto administrativo fue expedido sin tener en cuenta las consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sobre las barreras a las plataformas tecnológicas y las originadas por la limitación en los cupos de los taxis, los beneficios para sus propietarios (que no se extienden a la Nación), el monopolio en favor de los propietarios de estos vehículos y las desventajas para los consumidores”.
Según la solicitud, las supuestas falencias constituyeron un desconocimiento de la normatividad que establece la competencia de la SIC frente a la regulación de los mercados, entidad que debe rendir concepto previo cada vez que se reglamente un campo determinado.
Además, sostuvo que “el presidente y el ministro de Transporte carecían de competencia para que esta última cartera recibiera la potestad de habilitar las plataformas tecnológicas, para operar en la prestación del servicio de transporte”.
También adujo que “la reglamentación se expidió sin tener en cuenta lineamientos o recomendaciones internacionales, en detrimento de la libre adopción de tecnologías exigidas por la ley, provocando una irregular restricción de los proveedores de redes en la prestación de servicios”.
Añadió que, pese a que la libertad en las redes solo puede ser restringida por “actos de pornografía infantil, terrorismo, juegos de suerte y azar, apología al odio, terrorismo y genocidio”, la habilitación previa a la que deben someterse las plataformas tecnológicas para prestar el servicio de taxi impuso una nueva e ilegal limitación. La alta corte negó las pretensiones de suspensión provisional del decreto.
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Aclaró que si bien la SIC presentó objeciones frente a la limitación al uso de las plataformas digitales en la prestación de servicios de transporte de lujo, el incremento en las fallas del mercado de taxis, la afectación de la competencia, entre otros problemas del proyecto de decreto demandado, “en él se señalan las suficientes motivaciones por las cuales el Gobierno explica por qué se aparta de tales consideraciones, como lo permite la ley, al señalar que el concepto de la Superintendencia no es vinculante”.
Explicó que en el decreto se señaló que lo que se buscaba con este era incentivar la creación de empresas para prestar el servicio de lujo, que las empresas del servicio básico participaran y que el facultar al Ministerio de Transporte para habilitar las plataformas tecnológicas pretendía que los usuarios tuvieran certeza sobre las empresas que seguían los parámetros técnicos exigibles.
Añadió que no se modificó lo relativo a la asignación de matrícula y la capacidad transportadora, pues se señaló que lo que debían hacer las autoridades de transporte era enviar al ministerio el estudio que soportara el parque automotor en su jurisdicción.
A juicio del Consejo de Estado, estas circunstancias evidencian que las autoridades demandadas no desconocieron los mandatos que se señalaron como quebrantados, lo que condujo a negar la solicitud de suspensión del decreto, mientras se determina si este se ajusta o no a derecho.
Fuente: Semana
Imagen: Semana
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