Los bloqueos viales que afectan a seis departamentos del país desde el pasado lunes 21 de octubre continúan generando serias preocupaciones en el sector transporte y la economía colombiana. Fedetranscarga, la federación que representa a los empresarios del transporte de carga, ha instado al Gobierno a intervenir de manera urgente para alcanzar acuerdos con los manifestantes del sector minero y agrícola que mantienen paralizados corredores estratégicos en Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas y Córdoba.
En un comunicado emitido el miércoles, la federación destacó la gravedad de la situación y la urgencia de que se dé respuesta a las peticiones de los manifestantes. El gremio solicita la intervención directa del presidente Gustavo Petro y del viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, para facilitar la resolución del conflicto y poner fin a los bloqueos que han interrumpido el flujo de productos esenciales a lo largo de importantes vías nacionales.
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Los corredores afectados por los bloqueos son vitales para el transporte de productos agrícolas, minería e hidrocarburos, que juegan un papel crucial en la economía nacional. Según Fedetranscarga, de persistir estas obstrucciones, los efectos en la economía del país podrían ser devastadores, incluyendo el aumento de precios de productos de primera necesidad, el deterioro de mercancías perecederas y un fuerte impacto sobre la canasta familiar.
“Los bloqueos prolongados traerán consecuencias nefastas, como un encarecimiento de los productos básicos y daños irreparables a la economía del país”, advertía el comunicado. Las movilizaciones han puesto en riesgo la distribución de alimentos y otros bienes esenciales que dependen de la movilidad a lo largo de estos corredores.
Las protestas tienen su origen en la frustración de los sectores minero y agrícola por la falta de cumplimiento de las promesas del Gobierno relacionadas con la formalización de la minería. A pesar de los compromisos asumidos, los manifestantes aseguran que la situación laboral sigue siendo precaria para quienes dependen de la minería informal, lo que ha intensificado el descontento en las regiones afectadas.
El reciente decreto 1035 de 2024 ha agravado las tensiones. Esta normativa, que permite a la Fuerza Pública incautar maquinaria amarilla utilizada en actividades mineras, ha sido duramente criticada por los manifestantes, ya que el 70% de las unidades productivas del sector dependen de este tipo de equipo para su subsistencia. La medida ha sido vista como un ataque a los pequeños mineros que no han podido acceder a la formalización prometida por el gobierno.
A nivel local, las administraciones municipales han intentado mediar entre el Gobierno y los manifestantes, buscando que se atiendan las demandas lo antes posible. Sin embargo, la ausencia de una respuesta contundente desde el Ejecutivo ha prolongado los cierres viales y el malestar generalizado en las comunidades afectadas.
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La protesta también coincide con la realización de la COP16 en Cali, lo que ha aumentado la visibilidad internacional de la problemática, poniendo de relieve las tensiones entre la protección del medio ambiente y la economía minera del país. Los manifestantes exigen que se cumplan los compromisos asumidos en relación con la regularización de la minería, argumentando que la inacción del Gobierno ha exacerbado la crisis.
Para el sector transporte, estos bloqueos no solo suponen un reto logístico, sino que también representan un golpe económico. Las largas interrupciones en las rutas aumentan los costos operativos de los transportadores de carga, afectando no solo a las empresas sino también a la cadena de suministro nacional. Los transportadores ven con preocupación cómo la falta de solución afecta directamente a su sector, mientras los bloqueos se prolongan sin señales de resolución inmediata.
Fedetranscarga, como representante del gremio, ha hecho un llamado al Gobierno para que actúe con rapidez y se siente a dialogar con los manifestantes. “Es imperativo que el Gobierno cumpla con los acuerdos y se avance hacia una solución que permita la reactivación del tránsito en los corredores bloqueados”, concluye el comunicado de la federación.
La pregunta que queda en el aire es: ¿tomará el Gobierno las medidas necesarias para evitar que esta crisis se siga extendiendo, afectando aún más la economía del país? Lo cierto es que, con cada día de bloqueo, el impacto económico y social se vuelve más difícil de revertir.
Fuente: El País
