Fuente: ET
En medio de un año de cambios y transformaciones bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, un sector vital para la economía colombiana enfrenta una situación alarmante que está afectando su operatividad y seguridad. El sector del transporte y logística, piedra angular del comercio y desarrollo nacional, está sumergido en un estado de deterioro que amenaza con consecuencias preocupantes, según lo afirmado por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).
A medida que se cumple el primer año de la presidencia de Gustavo Petro, las carreteras nacionales se han convertido en escenarios de una creciente ola de actos de violencia y criminalidad que han sembrado un ambiente de temor y zozobra entre los conductores y empresarios del sector. Según Colfecar, el incremento en actos de terrorismo, secuestros, extorsiones, cobro de vacunas, hurtos, hostigamientos e intimidaciones ha generado una crisis en el sector del transporte y la logística, impactando directamente en la operación de las empresas y la seguridad de los trabajadores.
Uno de los efectos más palpables de esta situación es el aumento significativo en los costos operativos para los transportadores. Las restricciones de horarios y las medidas adicionales para fortalecer la seguridad de conductores, vehículos, cargas y mercancías se han convertido en una necesidad apremiante. Estos eventos también han contribuido a la interrupción de las operaciones y la paralización de vías debido a bloqueos generados por comunidades inconformes. Hasta el 31 de julio de 2023, se han registrado más de 410 bloqueos, afectando especialmente a departamentos como La Guajira, Magdalena y Bolívar.
La piratería terrestre, otro grave problema, ha acarreado pérdidas millonarias para el sector. Los datos proporcionados por la Ditra revelan que durante el primer semestre de 2023, las pérdidas por estos casos alcanzaron los 6.347 millones de pesos. Los casos de atraco, suplantación de policías y agentes de tránsito son modalidades recurrentes, y las mercancías más frecuentemente hurtadas incluyen telas, dinero en efectivo y aluminio.
Aunque se informa una disminución del 20 por ciento en la incidencia de este delito, la percepción de los usuarios en las vías no concuerda con estos datos. La falta de una categorización específica para denunciar la piratería terrestre en plataformas digitales ha dificultado la presentación adecuada de casos. Los procedimientos lentos para registrar y trasladar casos a instancias de investigación han complicado aún más la presentación de denuncias oportunas mientras los conductores están en la carretera.
La situación se torna aún más inquietante en el contexto de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, un evento que podría haber impulsado la economía de la región de Norte de Santander. Sin embargo, las explosiones de granadas en Cúcuta y los incidentes de carros bomba y explosivos en lugares de descarga han llevado a los conductores a evitar viajar a estas áreas por motivos de seguridad.
Sumándose a estos desafíos, grupos ilegales han instalado cilindros bomba en las carreteras del Cauca y la zona del alto de La Línea, donde los vehículos son víctimas de saqueos en modalidad de descuelgue debido a la disminución de velocidad causada por reductores en la vía.
En un año marcado por cambios y desafíos, la inseguridad en las carreteras se erige como una de las principales preocupaciones y desafíos que enfrenta el gobierno actual. La comunidad de transportadores, junto con el país en general, espera medidas efectivas que puedan devolver la seguridad y confianza a las rutas nacionales, permitiendo que el sector del transporte y logística continúe desempeñando su papel vital en el desarrollo económico de Colombia.
