América Latina legisla para frenar el lavado de activosRD está entre los diez países de la región con mayor riesgo de lavado de activos
El lavado de activos amenaza los sistemas financieros y los países de América Latina han desarrollado un conjunto de leyes y reglamentos para evitar que los delitos asociados a esta práctica pongan en riesgo la estabilidad económica de los Estados.
El primero de julio de 2017, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, promulgó la nueva Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, esta sustituye la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas.
En esta nueva norma se incluyeron las bancas de loterías o apuestas y concesionarios como sujetos obligados no financieros y los delitos de falsificación y adulteración de medicamentos, los medioambientales, pornografía infantil, el sicariato, la piratería y la violación a la propiedad intelectual.
En otros países de América Latina, como Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay sus leyes actuales contra el lavado se dan en base a una modificación a leyes anteriores y al código penal de cada una de estas naciones que contienen la penalización de estos delitos.
En Argentina la ley contra lavado también penaliza el encubrimiento, mientras que en Colombia también alude a la evasión fiscal. En Costa Rica esta ley contiene tanto el delito de lavado como el de estupefacientes y el financiamiento al terrorismo.
En Cuba, Guatemala, Honduras y Perú este delito se castiga a través de decretos, mientras que en Chile la ley perfecciona los mecanismos de prevención ya existentes contra el delito de lavado de activos, lo que le ha permitido ser uno de los países menos vulnerables en lavado de activos.
Chile cuenta con un sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo donde el sector público y el privado están obligados, por Ley, a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según informaciones de la UAF.
En Nicaragua existe una norma jurídica para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que se aplica a las instituciones financieras intermediarias de microfinanzas. En 2016 la Superintendencia de Bancos de Panamá presentó el Acuerdo número 006-2016, por medio del cual se establecen lineamientos para la gestión de riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales.
