La reciente circular emitida por la Superintendencia de Transporte de Colombia ha encendido una nueva ola de controversia en torno a la regulación de las plataformas digitales de movilidad, como Uber, Didi, Cabify e InDriver. La medida, que exige un incremento en los operativos contra los conductores de estas aplicaciones, ha reavivado el debate sobre la regulación de estos servicios, que parecía haber alcanzado una resolución con la última sentencia de la Corte Constitucional.
La Superintendencia ha instado a las Secretarías de Tránsito de los municipios a intensificar los controles y operativos contra los conductores de plataformas digitales. Este llamado a la acción ha generado una reacción inmediata y ha puesto de nuevo en el centro del debate el equilibrio entre la regulación y la autonomía territorial de las entidades locales.
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En una conversación reciente con Blu 4.0, se abordó este tema con el concejal Juan Daniel Oviedo y el presidente de Alianza In, José Daniel López. Ambos coincidieron en que la circular de la Superintendencia contradice los principios de autonomía territorial y el derecho al debido proceso para los conductores de plataformas digitales.
Oviedo expresó su preocupación sobre cómo esta medida contradice los principios de fortalecimiento de la economía popular promovidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Argumentó que durante una década, ningún gobierno había sido capaz de promover una reforma a la Ley del servicio público de transporte que reconozca la realidad y el impacto positivo de las plataformas digitales en la generación de empleo y la seguridad de las mujeres. Según Oviedo, la nueva circular va en contra de los esfuerzos por fortalecer la economía informal, especialmente en una ciudad como Bogotá, donde las plataformas digitales han proporcionado sustento a más de 300.000 familias.
El excandidato a la alcaldía de Bogotá criticó duramente la política actual, indicando que el Concejo de Bogotá había decidido no imponer restricciones severas a los conductores de plataformas debido a su rol crucial en la economía informal. “No podemos decir que está prohibido y, al mismo tiempo, perseguir a quienes están generando empleo en la ciudad. La movilidad individual a través de estas plataformas está garantizando el sustento de miles de familias en Bogotá,” afirmó Oviedo.
Por su parte, José Daniel López, presidente de Alianza In, subrayó que esta circular contraviene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce el derecho humano a disfrutar de los avances tecnológicos en las plataformas de movilidad. López argumentó que Colombia está rezagada en comparación con otros países de América Latina en la regulación de estos servicios y que el país necesita avanzar de la persecución hacia una regulación efectiva.
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López criticó la circular por lo que considera una medida que obstruye el acceso a los beneficios de la tecnología para los conductores de plataformas. “Esta circular no solo dificulta el trabajo de los conductores, sino que también impide que los ciudadanos puedan beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos en la movilidad. En lugar de promover la persecución, deberíamos estar buscando una regulación justa y equilibrada,” expresó López.
La circular de la Superintendencia de Transporte ha generado una serie de reacciones entre los actores involucrados y ha intensificado el debate sobre la regulación de las plataformas digitales de movilidad en Colombia. La discusión plantea preguntas cruciales sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación estatal y el reconocimiento del impacto positivo que estas plataformas tienen en la economía y el empleo.
El debate actual pone en evidencia la necesidad de revisar y actualizar las normativas existentes para adaptarse a la realidad de la movilidad moderna. Mientras algunos defienden una postura más restrictiva, otros abogan por una regulación que reconozca y fomente los beneficios de las plataformas digitales.
El camino hacia una solución efectiva requerirá un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades, los conductores de plataformas y otros actores clave. La regulación adecuada no solo debe proteger los derechos de los trabajadores y consumidores, sino también permitir el desarrollo de un sector que ha demostrado ser una pieza clave en la movilidad urbana y la economía informal.
Fuente: Blu Radio
