El reciente ajuste en los precios de la gasolina y el diésel por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ha encendido un debate candente en el sector del transporte de carga en Colombia. La medida, destinada a evitar un aumento en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), ha generado preocupación entre los gremios transportistas y la industria en general.
¿Por qué aumentan los precios?
El principal objetivo detrás del ajuste de precios es evitar que el déficit del FEPC, que alcanzó los 37 billones de pesos al cierre de 2022, siga creciendo. Este déficit, si no se controla, tendría que ser cubierto con el Presupuesto General de la Nación, afectando otras áreas esenciales del gasto público. Para 2023, el déficit ya se sitúa en 15,2 billones de pesos y se proyecta que cierre el año en 12 billones de pesos, afectando exclusivamente al ACPM (diésel).
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A partir del 4 de agosto, el precio del diésel se incrementará para los grandes consumidores. Esta medida, detallada en un decreto publicado el 18 de junio, otorga un margen de 45 días antes de su aplicación. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la medida afecta a “empresas que tienen su propia logística, que no van a las bombas”, incluidas las de sectores como la producción de cemento, minería, explotación de petróleo y carbón, y el sector de la caña.
Impacto en el sector transporte
Los gremios del transporte de carga, representados por la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), han expresado su desacuerdo con la medida. Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, argumenta que el incremento podría tener consecuencias negativas tanto para la economía como para los hogares colombianos. Según Cuervo, la falta de un incremento gradual, como el aplicado al precio de la gasolina, es una de las principales críticas. Los grandes consumidores, como los productores de cemento, podrían trasladar este aumento a los precios de sus productos, afectando el desarrollo de la industria de la construcción.
Además, el aumento del ACPM coincide con las previstas subidas en las tarifas de peajes, intensificando el impacto en los costos de transporte. Esto, a su vez, afecta los precios de bienes y servicios, con los consumidores sintiendo el golpe final en sus bolsillos. Fedetranscarga ha solicitado al Gobierno que excluya al sector de transporte de carga de estos incrementos para garantizar el abastecimiento nacional, especialmente de alimentos.
El ajuste en el precio del diésel es una medida compleja que busca estabilizar la economía y evitar que el déficit del FEPC se convierta en un problema mayor. Sin embargo, las críticas de los gremios transportistas destacan la necesidad de un enfoque más matizado que considere el impacto a corto y largo plazo en la economía y el bienestar de los ciudadanos.
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La administración de Petro enfrenta un desafío significativo: balancear la estabilidad fiscal con el mantenimiento de la competitividad y la sostenibilidad del sector de transporte de carga. La decisión de aumentar los precios del diésel para grandes consumidores puede ser vista como una solución necesaria para un problema fiscal urgente, pero también plantea riesgos de encarecimiento en la cadena productiva y, por ende, en el costo de vida de los colombianos.
La polémica en torno al aumento de los precios del diésel en Colombia pone de relieve la delicada relación entre política económica y sector productivo. Si bien la medida busca sanear las finanzas del FEPC, su implementación debe considerar los impactos a nivel macroeconómico y social. El gobierno tiene la tarea de encontrar un equilibrio que permita una transición suave y sostenible para todos los actores involucrados.
Es crucial que las decisiones futuras sobre ajustes de precios de combustibles sean acompañadas de estrategias que mitiguen sus efectos negativos en la economía, especialmente en sectores sensibles como el transporte de carga. La colaboración y el diálogo continuo entre el gobierno y los gremios son esenciales para asegurar que las medidas económicas beneficien a la mayoría sin poner en riesgo la estabilidad y el desarrollo del país.
Fuente: EE
