La Superintendencia de Transporte (SuperTransporte) ha emitido una nueva circular que exige a las autoridades de tránsito locales en Colombia el cumplimiento estricto de la normativa que regula la prestación del servicio público de transporte. En el centro de la polémica está la inmovilización de vehículos particulares que, sin autorización, se dediquen a ofrecer transporte de pasajeros, una medida que ha generado un intenso debate sobre la legalidad y futuro de las plataformas de movilidad en el país.
La disposición más reciente de la SuperTransporte refuerza lo estipulado en leyes ya existentes, como la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 de 2002, que exigen a los vehículos particulares obtener autorización para operar en el sector del transporte público. La circular establece que los vehículos detectados prestando este servicio sin la habilitación correspondiente deberán ser inmovilizados de inmediato, una medida que busca frenar el avance de plataformas de movilidad como Uber, Didi, InDriver, y otras.
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Esta nueva normativa exige que las autoridades locales actúen en un plazo de tres días a partir de la recepción de la circular, impartiendo instrucciones claras a sus equipos de control para intensificar los operativos contra los vehículos que incumplen la ley. Además, se establece la obligatoriedad de reportar las acciones ejecutadas dentro de los cinco días siguientes, con el fin de garantizar la efectividad de estas medidas.
El debate sobre la normativa
A pesar de que esta normativa no es nueva, la Superintendencia de Transporte ha señalado que ha habido resistencia a su aplicación en diversas regiones del país. Según su pronunciamiento, algunas autoridades locales han optado por “interpretaciones propias de la norma”, lo que ha obstaculizado el cumplimiento de las sanciones estipuladas.
La infracción en cuestión, conocida como D12, consiste en conducir un vehículo para un servicio diferente al autorizado por la licencia de tránsito, lo que conlleva una multa de $1.300.000 para 2024. Además de la multa, los vehículos inmovilizados pueden ser retenidos entre cinco y cuarenta días, dependiendo de la gravedad de la infracción. La medida también contempla la suspensión de la licencia de conducción por seis meses, e incluso hasta 25 años en caso de reincidencia.
El impacto en las plataformas de movilidad y la economía popular
Ante estas medidas, el sector de plataformas de transporte ha expresado su preocupación. José Daniel López, presidente de Alianza IN, gremio de aplicaciones e innovación en América Latina, argumentó que perseguir a los conductores de aplicaciones no contribuye a la justicia social ni al desarrollo de la economía popular. “Estas medidas están pasadas de época”, afirmó López en una entrevista con Mañanas Blu, refiriéndose a que varios países en Latinoamérica y el mundo han optado por regular las plataformas de movilidad en lugar de prohibirlas.
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López defendió la importancia de las plataformas digitales en la generación de empleo y el sustento económico para miles de familias en Colombia. Según sus declaraciones, estas plataformas son una fuente de ingresos para conductores que de otra manera no tendrían acceso a oportunidades formales de trabajo, contribuyendo significativamente a la economía informal del país. En su opinión, regular estas plataformas sería una medida más justa y alineada con las tendencias globales.
El líder gremial también subrayó que estas plataformas brindan una opción de transporte segura y accesible para los usuarios, además de representar un avance en términos de innovación tecnológica. López argumentó que prohibir su funcionamiento o perseguir a los conductores es un paso atrás en términos de desarrollo y modernización del transporte en Colombia.
El rol del gobierno en la regulación
El pronunciamiento de la Superintendencia de Transporte reabre el debate sobre la necesidad de una regulación integral de las plataformas de movilidad en el país. Mientras que países como México, Brasil y Chile han avanzado hacia la regulación de este tipo de servicios, Colombia parece estar atrapada en una constante tensión entre la prohibición y la regulación.
El gobierno de Gustavo Petro, que ha enfatizado en su mandato el fortalecimiento de la economía popular, se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, está la necesidad de mantener el orden y el cumplimiento de la normativa vigente, pero por otro, está la realidad de que las plataformas de movilidad digital han transformado el panorama del transporte y representan una fuente de ingresos crucial para miles de familias en todo el país.
Los defensores de estas plataformas argumentan que el marco legal actual no responde a las necesidades y avances tecnológicos del siglo XXI, y que es necesario modernizar la legislación para adaptarla a la realidad económica y social del país. Además, señalan que una regulación adecuada permitiría que el Estado reciba impuestos y que se garanticen derechos laborales para los conductores, quienes hoy operan en un vacío legal.
¿Regulación o persecución?
La nueva circular de la SuperTransporte deja en evidencia la necesidad urgente de que Colombia defina su postura frente a las plataformas digitales de movilidad. La falta de una regulación clara no solo afecta a los conductores y usuarios, sino que también genera tensiones entre el gobierno, las autoridades locales y los gremios involucrados.
La pregunta que queda en el aire es si Colombia optará por seguir persiguiendo a los conductores de plataformas o, finalmente, decidirá regular este sector en beneficio de la economía y la sociedad. Lo cierto es que, mientras tanto, miles de conductores y sus familias seguirán en la incertidumbre, a la espera de una solución que les permita seguir trabajando dentro de un marco legal claro y justo.
Fuente: Blu Radio
