Tras el fin del paro camionero el 6 de septiembre, el Gobierno y el sector transporte acordaron abrir mesas técnicas para analizar los retos del sector, incluidos los recientes aumentos en el precio del diésel. Aunque el compromiso busca soluciones estructurales, el exministro Juan Camilo Restrepo advierte que, si no se solventan estos temas, podrían generar nuevos conflictos. La modificación del régimen sancionatorio y la fórmula del precio del combustible son temas críticos en discusión.
La huelga camionera paralizó gran parte del país durante cuatro días, desatando el malestar generalizado no solo en las principales vías de Colombia, sino también entre miles de ciudadanos que dependen del transporte de carga para recibir mercancías, productos básicos y otros servicios esenciales. Aunque el paro fue suspendido tras largas horas de negociaciones entre las partes involucradas, los problemas de fondo que motivaron este conflicto siguen presentes. Esencialmente, las mesas técnicas propuestas son un esfuerzo por parte del Gobierno para diseñar soluciones a largo plazo que no solo atiendan las demandas inmediatas de los transportadores, sino que también pongan en marcha una transformación estructural del sector.
El incremento del precio del diésel fue uno de los puntos más polémicos de la reciente negociación. Originalmente, el Gobierno planeaba incrementar el precio en 6.000 pesos por galón de diésel antes del final de 2025. Sin embargo, este plan fue congelado hasta que se evalúen los resultados de las mesas técnicas y los cambios estructurales que se acuerden. Por ahora, se acordó un aumento de 800 pesos, a aplicarse en dos partes, cada una de 400 pesos. El segundo aumento está programado para diciembre de este año, a menos que las mesas técnicas logren una solución alternativa.
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Uno de los puntos clave del acuerdo es la revisión de sistemas como el Registro Nacional de Carga (RNDC) y el SiceTAC (Sistema de Información de Costos Eficientes). Estos sistemas son vitales para garantizar que el costo del transporte de carga sea justo tanto para los transportadores como para los usuarios finales. El SiceTAC se encargará de incluir a prestadores del servicio público de transporte de carga como volquetas, líquidos, grúas y otros, asegurando una representación equitativa.
Además, se analizarán las reformas en el sector de transporte público de pasajeros, incluyendo la implementación del FUEC electrónico, un formato de contrato que será monitoreado por entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Otro tema de discusión será la regulación de la reposición vehicular, la cual ha sido objeto de controversia por su falta de claridad en cuanto a la política uno a uno para vehículos de carga y volquetas.
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A pesar de los compromisos, algunos expertos, como el exministro Restrepo, consideran que las mesas técnicas podrían no dar resultados inmediatos. Según él, la complejidad de los problemas es tal que es improbable que se logren soluciones en solo unas semanas. Este escepticismo se basa en el historial de conflictos no resueltos en el sector camionero, lo que deja abierta la posibilidad de un nuevo estallido social si las mesas técnicas no logran satisfacer las demandas del gremio.
Mientras el sector transporte sigue siendo fundamental para la economía del país, es evidente que este tipo de paros y negociaciones generan incertidumbre en otros sectores dependientes. La participación activa del Ministerio de Transporte y otros actores del Gobierno será clave para evitar que el transporte de carga se convierta en un campo de batalla recurrente entre los transportadores y el Estado.
Fuente: Revista Semana
