Han pasado casi once años desde que se vieron los primeros bicitaxis en Bogotá junto a los puentes peatonales de TransMilenio, ávidos de pasajeros dispuestos a pagar por recorridos cortos hasta sus casas.
Hoy son parte del ecosistema de transporte bogotano, aunque la falta de regulación los ha convertido en objeto de multas y decomisos de vehículos por ser ilegales.
Poco o nada ha cambiado desde entonces, hasta ahora. En conversación con EL TIEMPO, el viceministro de Transporte, Enrique José Nates, aseguró que están preparando un proyecto para reglamentar el servicio que prestan.
De acuerdo con la Federación Nacional de Bicitaxismo, en el 2010 había alrededor de 5.000 de estos vehículos y hoy la cifra podría llegar a 8.000, pero no hay un dato exacto, ante la informalidad con la que operan y la ausencia de registros oficiales. No obstante, la Secretaría de Movilidad sí ha identificado más de 70 puntos en los que se ofrece el servicio.
“En pocos años, Bogotá pasó de hacer 200.000 viajes en bicicleta a 500.000. También ha crecido el uso de bicitaxis y estamos pensando en reglamentarlos como un sistema de transporte que pueda servir como alimentador en ciertas zonas específicas cercanas a los sistemas de transporte, debidamente habilitados”, señaló Nates.
El proyecto se materializaría una vez se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo que se presentará al Congreso de la República en febrero, de manera que podría aprobarse en mayo.
“En el documento estará incluido el tema para crear una base legal con la que podamos reglamentar –agregó el funcionario–. En el plan, el Gobierno Nacional reconoce que los bicictaxis pueden ser un modo de prestación de servicio, aunque de manera regulada”.
El Ministerio ha sido claro en decir que se deben controlar las zonas y vías en las que sí puede prestarse el servicio y que fuera de esos lugares no deberá haber este tipo de vehículos.
Con esto, busca acabar con la mafia de rutas que ya empieza a proliferar y en donde unos líderes se apropian de varias vías e impiden que otros pedalistas presten el servicio.
No obstante, el beneficio no se extenderá al mototaxismo, fenómeno que se ha popularizado especialmente en la costa caribe. Las razones: las altas velocidades, que son riesgosas y generan accidentes; y el efecto contaminante de los vehículos motorizados.
Fin al ‘pimponeo’
La legalización de estos vehículos de transporte público aún está en mora de hacerse realidad, pues a mediados del 2013 la Corte Constitucional profirió un fallo de tutela en el que reconocía los derechos del gremio “a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y la libertad de empresa”, que se han visto vulnerados ante los operativos de la Policía.
Sin embargo, el Distrito ha dicho que no puede generar normas si el Ministerio de Transporte no homologa los vehículos y este, a su vez, dice que necesita estudios de cada ente territorial para poder homologar. Nates dijo que eso se acabó y que se incluirá en el Plan de Desarrollo.
Con el proyecto, el Ministerio daría cumplimiento a la orden de la Corte de reglamentar el tema para darles garantías laborales y sociales a los casi 10.000 conductores de estos aparatos de tracción humana en la capital. “Si los municipios no están cumpliendo su parte, nosotros vamos a hacer el trabajo”, agregó.
“También estamos concibiendo la posibilidad de estimular que los proyectos de vivienda se construyan cerca de los lugares donde sí hay oferta de transporte público, para contrarrestar la piratería y la ilegalidad en el transporte público”, puntualizó el Viceministro.
Oposición total en el gremio de taxistas
Ante el anuncio, Uldarico Peña, gerente de Taxis Libres, señaló que “los bicitaxis ilegales crecieron con el consentimiento de la Nación y el Distrito. Ahora quieren salir del error legalizándolos. Además, son inseguros para los pasajeros. “No tienen puertas y las compañías de seguros no van a darles un seguro de responsabilidad contractual y extracontractual. La Nación debe pensar en los pasajeros”, dijo.
Fuente: El Tiempo
Fotografía: Wikimedia
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