El Ministerio de Transporte publicó para comentarios un borrador de decreto que propone una actualización integral de las reglas que rigen el servicio público de taxi en Colombia. La iniciativa busca reducir cargas administrativas, fortalecer las garantías para conductores y propietarios, ampliar las posibilidades de operación regional y acelerar la transición hacia tecnologías de movilidad sostenible.
La propuesta estará abierta a observaciones de ciudadanos, empresas transportadoras, propietarios y conductores antes de avanzar hacia su adopción definitiva.
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De acuerdo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la actualización normativa busca eliminar procesos innecesarios, reforzar mecanismos de transparencia y adaptar el servicio a las nuevas necesidades de movilidad del país, con mayores estándares de eficiencia y seguridad.
Reposición de taxis sería únicamente con vehículos eléctricos
Entre los cambios planteados, uno de los más relevantes corresponde a la transición energética del sector. El borrador establece que la reposición de vehículos destinados al servicio de taxi deberá realizarse exclusivamente mediante unidades eléctricas, como parte de la estrategia para reducir emisiones y promover la modernización del parque automotor.
En materia de conectividad regional, el proyecto plantea permitir la operación entre municipios vecinos sin necesidad de gestionar la Planilla Única de Viaje Ocasional, salvo casos específicos relacionados con el equilibrio entre oferta y demanda.
También se contempla ampliar las condiciones para la prestación del servicio hacia y desde aeropuertos que atienden capitales departamentales y áreas metropolitanas.
Otra de las medidas incluidas propone que las autoridades habiliten y señalicen zonas especiales para taxis durante eventos masivos o escenarios de alta concentración de usuarios, con el objetivo de mejorar el orden y la seguridad operacional.
Cambios para propietarios y reglas de operación
El documento incorpora modificaciones orientadas a reducir costos y trámites para propietarios y empresas.
Entre ellas se elimina el requisito de presentar paz y salvo para adelantar procedimientos de tránsito y se prohíben cobros relacionados con desvinculación de vehículos, expedición de tarjetas de operación, Planilla Única de Viaje Ocasional o servicios que no hayan sido prestados.
Asimismo, las empresas deberán entregar cada mes extractos gratuitos con el detalle de pagos y cobros asociados a cada vehículo, fortaleciendo la transparencia financiera dentro del sector.
En casos de hurto, pérdida total, destrucción o desintegración del vehículo, el plazo para realizar la reposición pasaría de uno a cinco años.
La propuesta también incorpora disposiciones para garantizar mayor libertad de vinculación y desvinculación entre propietarios y empresas transportadoras, evitando restricciones que afecten la competencia.
Incentivos y formación para conductores
Para los conductores que actualmente no son propietarios, el proyecto contempla incentivos mediante un sistema de puntajes adicionales al momento de asignar nuevas matrículas, reconociendo los años de permanencia en la actividad.
También se propone ampliar la vigencia de la tarjeta de operación de uno a dos años.
En paralelo, el decreto plantea la implementación obligatoria de programas de formación enfocados en atención al usuario, seguridad vial, prevención de violencias basadas en género, resolución de conflictos, movilidad segura y fortalecimiento de la calidad del servicio.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: eltiempo
