La ‘nueva normalidad’ implica la reapertura gradual y con bioseguridad de aeropuertos y terminales
La semana pasada, el decreto 1076 –que extendió el aislamiento obligatorio por un mes– autorizó el servicio público de transporte terrestre en los 665 municipios sin casos de covid-19 y con baja afectación. Esta decisión se suma al regreso, hace dos semanas, de los vuelos comerciales en los aires colombianos en la ruta Cúcuta-Bucaramanga y la autorización al aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena.
No obstante esas buenas noticias, la velocidad en la que el sector transporte de pasajeros –aéreo y terrestre– está reanudando sus operaciones es peligrosamente lenta. Al inicio de la pandemia, tanto los aviones como las flotas intermunicipales fueron de los primeros en parar ante los riesgos sanitarios de aglomeración y las restricciones de movilidad.
Más de cuatro meses después, las aerolíneas y las empresas de transporte terrestre en Colombia atraviesan un momento financiero muy crítico. Según cálculos de la Iata –gremio aéreo internacional–, las aerolíneas que operan en América Latina y el Caribe perderán este año más de 4.000 millones de dólares y despedirán decenas de miles de empleados.
Las 536 compañías de transporte terrestre de pasajeros registradas en el Ministerio de Transporte están prácticamente todas en riesgo de liquidación. Mientras 76.000 conductores en 41.000 vehículos, que conectan las 41 ciudades colombianas con terminales de transporte, están cruzados de brazos, con los buses parqueados, la piratería presta ilícitamente y con altos riesgos de salud el servicio.
Sin embargo, ahora que la economía está entrando en una fase de reactivación, el debate sobre el futuro en el corto plazo del transporte aéreo y terrestre de pasajeros es pertinente y urgente. Lo anterior es producto no solo del papel del sector en dinamizar la economía, sino también del encadenamiento que genera con otras industrias como los hoteles y el turismo.
Al igual que en otras áreas de la producción, la pandemia causada por el coronavirus ha impactado el servicio de los aviones, los buses, los trenes y el transporte público masivo. Ahora la salud, el aseo y las medidas de higiene adquieren mayor importancia en la prestación del servicio, así como el distanciamiento social en cabinas y buses. Además, la digitalización y la reducción del contacto adquieren más valor. Será inevitable que estas adaptaciones generen sobrecostos, pero no hay otro camino que implementarlas con la mayor disciplina.
Si bien las compañías aéreas y las empresas de buses han avanzado en los pilotos y los protocolos sanitarios, la coordinación de los mandatarios locales para pedir las autorizaciones es lenta y difícil.
Es innegable que, dado el deterioro de los indicadores de la pandemia, este no es el momento para reanudar operaciones aéreas y rutas terrestres de pasajeros entre las principales ciudades del país. Sin embargo, la pequeña ventana que abren los decretos, en especial entre municipios con baja incidencia de covid, debería aprovecharse para avanzar en esta ‘nueva normalidad’ del transporte de pasajeros en Colombia, de manera gradual y con la bioseguridad como prioridad.
En el caso de Cundinamarca, la Gobernación puso en marcha una estrategia para que los 116 municipios del departamento formalicen o mejoren el transporte de pasajeros bajo los protocolos de bioseguridad.
De los 116 municipios de Cundinamarca, el 59 por ciento tiene algún tipo de transporte de pasajeros, mientras que el restante no cuenta con este servicio, al menos formalmente. Por este motivo, la Secretaría de Movilidad del departamento implementa a partir de este 4 de agosto la estrategia ‘Me muevo legal por Cundinamarca‘ que busca reactivar gradualmente la movilidad en la región, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad exigidos por MinSalud y MinTransporte.
Según las directrices del Gobierno Nacional, los alcaldes y gobernadores a nivel nacional pueden adelantar la reanudación del transporte entre sus territorios no-covid y con algún tipo de afectación del virus siempre y cuando establezcan parámetros para garantizar los mínimos necesarios en los vehículos.
Entre las medidas se incluye que las empresas públicas intermunicipales deberán garantizar la limpieza diaria de la flota, mantener una buena ventilación, retirar elementos susceptibles a la contaminación (tapetes, cortinas y forros) y, en lo posible, evitar el pago en efectivo del servicio. Así mismo, el aforo no puede superar el 35 por ciento en cada vehículo y los pasajeros deben mantener la distancia mínima de un metro entre sí, además del uso de guantes y tapabocas obligatorio.
A las personas que acudan al transporte informal o ilegal se les suspenderá la licencia y de reincidir en esta conducta podrán perder la licencia hasta por 25 años según el Código Nacional de Tránsito.
SEMANA se comunicó con el secretario de Trasporte y Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, quien confirmó que el 90 por ciento de las empresas de transporte público ya estan listas para funcionar bajo los protocolos, pero que las demoras se deben a que debe ser el alcalde de cada municipio el que autorice el proceso. No obstante, “la Sabana centro; Soacha, Sibaté y las capitales de provincia como Girardot y Fusagasugá están en funcionamiento”, aclaró. De igual modo, algunas centrales de despacho de buses en Villapinzón, Chocontá, Pacho y Ubaté están activas.
