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Operador público de transporte La Rolita comienza a andar con el pie izquierdo

Operador público de transporte La Rolita

Operador público de transporte La Rolita comienza a andar con el pie izquierdo, denuncia concejal de Bogotá.

Según Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, la nueva empresa pública empezó a funcionar con un vacío legal a cuestas, a paso de tortuga y con poca transparencia de contratación estatal.

Se anunció que en septiembre de 2022 se puso en marcha La Rolita el primer operador público de transporte de Bogotá desde cuando se liquidó la Empresa Distrital de Transportes Urbanos (EDTU) en 1991, la última entidad que operó bajo esa modalidad en la ciudad hasta ahora. Según la concejal Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, hay más dudas que certezas sobre sus condiciones de funcionamiento.

El EDTU funcionó durante 32 años con un desempeño que dejaba mucho que desear. Pese a las constantes inyecciones de capital, más de la mitad de sus vehículos permanecían perpetuamente parqueados o en reparación. Además, se decía que tenía demasiado personal que no estaba capacitado para generarle valor a la empresa y estaba amparado por un sindicato robusto.

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Esta situación no solo costó la extinción de la empresa, sino que dilapidó la confianza de la opinión pública y las figuras políticas en los operadores públicos para Bogotá. Desde entonces y hasta este mes, todos los cambios que ha sufrido el transporte de la capital de Colombia han tenido como protagonista el sector privado: desde las empresas de transporte que prestaban los servicios ejecutivos, pasando por los contratistas que alquilan los buses de TransMilenio hasta la extensión de este último sistema para implementar el actual SITP.

El artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo, presentado por la alcaldesa Claudia López, dio la autorización para crear un operador distrital de transporte con la participación de entidades públicas. “Esta sociedad tendrá como objeto, entre otras actividades, la prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá DC o su área de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades”, dice el documento.

La disposición dice que ese operador distrital no podrá ser operador exclusivo en Bogotá —para no excluir a los privados de la ecuación luego de sus cuantiosas inversiones— y que debía ser creado en los doce meses siguientes a la aprobación del plan. No obstante, un juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha declarado nulo ese artículo en dos oportunidades. El distrito ha apelado dos veces: uno de los recursos fue fallado a su favor, pero el segundo —instaurado en enero pasado— aún está pendiente de respuesta.

A Bastidas le preocupa justamente este limbo jurídico de La Rolita. “Para el Distrito no hay nada que impida la puesta en marcha del operador, porque no hay decisión de segunda instancia, y de seguir así, la nulidad del artículo se encuentra suspendida. Están apostando a que todo salga favor y el riesgo es alto. De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal, con corte a julio, el operador público ya presenta gastos por $9.673 millones ¿qué pasará con esta inversión si se confirma el fallo y este artículo queda anulado?”, afirmó.

Además, la cabildante dice que no hay suficiente información disponible sobre el funcionamiento de La Rolita, lo cual es grave porque es una empresa pública. “No se conoce el contrato interadministrativo entre TransMilenio como ente gestor y la operadora distrital de transporte, como pasa con los operadores privados ¿Existen modificaciones, condiciones excepcionales, otrosíes?”, manifestó Bastidas, quien también preguntó por la operación del patio, el número de conductores y sus formas de contratación, entre otros datos.

“Sobre La Rolita no se conoce organigrama, manuales de funciones u operación, documentos sobre niveles de servicio, actas de inicio de operación, resolución de habilitación. Ni siquiera existe una página en la que se pueda ver información y noticias relevantes como con otras entidades y empresas” afirmó Bastidas.

Además, señaló que este mes entraron en operación 17 buses de 183, en lo que calificó una puesta en marcha en plan tortuga. “Los 163 buses restantes se tendrán parqueados, en un momento en que la movilidad de la ciudad demanda tener toda la flota disponible en funcionamiento. Esto demuestra mala planeación e improvisación de la administración”, subrayó.

Finalmente, Bastidas mencionó que no se ha contratado un intermediario de seguros “para las garantías que necesita la operación del servicio de transporte. Sin esos seguros no se podría iniciar la operación”. Hasta el momento, la administración distrital no ha respondido a los cuestionamientos de la concejal.

Fuente: Infobae

Imagen: Alcaldía de Bogotá

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