El sector del transporte en Colombia enfrenta una encrucijada compleja, marcada por la piratería, la evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la demora en la chatarrización de vehículos. Estos problemas no solo afectan la movilidad diaria de millones de colombianos, sino que también impactan negativamente en la seguridad vial y la economía del país.
Ayda Lucy Ospina Arias, superintendente de Transporte, destaca que el transporte ilegal, conocido popularmente como ‘piratería’, es uno de los problemas más graves y críticos del sector. Esta práctica abarca desde el uso de vehículos particulares y motos hasta la organización de servicios de transporte a través de aplicaciones móviles y WhatsApp. La superintendente subraya que la piratería afecta a aquellos que cumplen con la reglamentación y pagan impuestos, generando una competencia desleal y socavando la legalidad.
“La piratería en el transporte no es solo una cuestión de ilegalidad, sino que refleja un problema más profundo de insatisfacción con los servicios formales. En muchos casos, la falta de cobertura y la baja calidad del transporte público impulsan a los ciudadanos a buscar alternativas informales. Además, las dificultades económicas llevan a muchos a ofrecer estos servicios sin estar autorizados,” señala Ospina.
Para combatir este fenómeno, la Superintendencia de Transporte trabaja en identificar las raíces del problema y en proponer soluciones desde lo legislativo y lo regulatorio. Además, colaboran con las autoridades locales para ejercer controles más efectivos y llevar a cabo investigaciones necesarias para sancionar a los infractores.
La evasión del SOAT y la revisión técnico-mecánica son otros problemas que afectan la seguridad vial en Colombia. Según Ospina, aunque ha habido una ligera disminución en los niveles de evasión, todavía es un desafío considerable. La superintendente explica que muchos vehículos abandonados en los patios de las ciudades influyen negativamente en las estadísticas de evasión.
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“Estamos trabajando con las entidades territoriales para identificar y excluir del registro de vehículos activos aquellos que están en estado de abandono. Esto nos permitirá tener cifras más precisas y demostrar que la evasión ha disminuido en comparación con el año pasado,” afirma Ospina.
El Gobierno nacional ha instado repetidamente a los conductores a desarmar los vehículos que ya no están en condiciones aptas para circular, ofreciendo incentivos para promover la chatarrización. Sin embargo, muchos propietarios aún no se acogen a esta iniciativa.
El programa de chatarrización en Colombia varía según el tipo de vehículo. Para los vehículos de carga, el Ministerio de Transporte lidera un programa que está siendo ajustado de acuerdo con las nuevas políticas del Plan de Desarrollo, enfocado en la reposición vehicular con automotores de tecnologías limpias. En el caso del transporte público urbano de pasajeros, la política es gestionada directamente por las autoridades territoriales.
“En Colombia, existen entes desintegradores autorizados por el Ministerio de Transporte que cumplen con normas técnicas y ambientales para llevar a cabo la chatarrización. Es crucial que los propietarios de vehículos lleven sus automotores a estos lugares autorizados para garantizar un proceso adecuado,” explica la superintendente.
La vía Bogotá-Villavicencio es otro punto conflictivo que afecta tanto a transportadores como a residentes de los municipios aledaños. Ospina menciona que, a pesar de las dificultades, la situación ha mejorado en comparación con años anteriores. La Superintendencia de Transporte ha implementado un plan piloto enfocado en la seguridad vial, utilizando tecnología para detectar infracciones de tránsito y transporte.
“En la primera fase del plan piloto, analizamos datos de infracciones cometidas en 2023, lo que reveló más de 28,000 infracciones por exceso de velocidad en 2,800 vehículos. Estamos estructurando la forma de expedir órdenes de comparendo y trabajando con las autoridades locales para garantizar una ejecución efectiva,” detalla Ospina.
El tema de los peajes también genera controversia entre los usuarios. Ospina argumenta que los peajes son necesarios para financiar la construcción y el mantenimiento de las vías. “Los peajes son uno de los mecanismos que existen para recaudar recursos y financiar obras viales. No podemos pretender tener carreteras de alta calidad sin contribuir a su financiación. Es un aporte necesario para coadyuvar al Estado en la construcción de estas vías,” afirma la superintendente.
La superintendente Ospina hace un llamado a la comunidad para que comprenda la importancia de estos mecanismos y contribuya a mejorar la infraestructura vial del país. La colaboración entre el sector oficial, el privado y los ciudadanos es esencial para superar los desafíos actuales del transporte en Colombia. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, seguro y sostenible.
La situación del transporte en Colombia es compleja y requiere de soluciones integrales que aborden la piratería, la evasión del SOAT y la chatarrización de vehículos. Las medidas implementadas hasta ahora son un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. La colaboración de todos los actores involucrados será crucial para lograr un cambio significativo y duradero.
Fuente: Nuevo Siglo
