Luego de derrotado el golpe de estado de abril del 2002, el gobierno de Estados Unidos, basado en la doctrina de Guerra Irregular, comenzó a preparar las condiciones para lanzar una invasión militar a la República Bolivariana de Venezuela. El objetivo principal de la guerra tradicional es derrotar a las fuerzas del adversario, mientras que el objetivo principal de la guerra irregular es dominar e influir sobre la población civil del país adversario. Clase de guerra que, según voceros del pentágono, «el objetivo es destruir la eficacia y la efectividad de los esfuerzos del adversario y su capacidad de utilizar a la población para sus propios fines…». Por tanto, la guerra irregular no puede ser considerada como una forma menor de la guerra tradicional.
El gobierno de los Estados Unidos, fue creando las condiciones para justificar la guerra irregular contra Venezuela, a través de la preparación de algunas operaciones y actividades, entre las cuales podemos destacar:
Contrainsurgencia, tácticas no convencionales, contraterrorismo, «defensa» interna de países aliados, operaciones de desesestabilización, seguridad, transición y reconstrucción, comunicaciones estratégicas, operaciones psicológicas, operaciones informáticas, operaciones cívico-militares, actividades de inteligencia y containteligencia, entre otras.
Para ello, el gobierno de Estados Unidos, destinó en el año 2010 2,2 mil millones de dólares para ser invertidos en operaciones de contrainsurgencia, a través del Departamento de Estado y la USAID. De los cuales 447,7 millones fueron para «promover la democracia» en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y Venezuela.
El presupuesto del Comando Sur fue de 200 millones de dólares en el año 2010, más 46 millones de dólares adicionales, para mejorar la base militar de Palanquero, Colombia, para el uso estadounidense.
En los marcos de la Guerra Irregular, contra Venezuela, el gobierno imperial de Estados Unidos se propuso:
Objetivos:
Debilitar y neutralizar las fuerzas revolucionarias.
Crear divisiones en el Chavismo.
Promover la corrupción y violencia en la población civil.
Satanizar al gobierno revolucionario, culpándolo de todo cuanto
ocurriera.
Fortalecer la oposición.
Distraer, confundir y engañar al pueblo.
Destruir la revolución Bolivariana.
Propósitos
Justificar las tácticas agresivas contra Venezuela de EEUU
Contener la influencia de la Revolución Bolivariana en la región.
Impedir la integración latinoamericana, de manera particular el ALBA.
Dividir, conquistar y recuperar la dominación en la región.
Justificar una invasión/intervención militar en Venezuela.
Aplicar la doctrina de «guerra preventiva» contra Venezuela.
Para llevar adelante la «guerra preventiva», el gobierno estadounidense pondría en práctica planes de contrainsurgencia. En el eje diplomático, a través del Departamento de Estado; la subversión, a través de la USAID; y, las operaciones militares, por medio del Departamento de Defensa (el Pentágono).
Planes que contarían con el asesoramiento y financiamiento, a los partidos políticos de la oposición y ONGs afines, de las siguientes agencias:
USAID/OTI
Instituto Republicano Internacional (IRI)
Instituto Demócrata Nacional (NDI)
Freedom House
Development Alternatives, Inc. (DAI)
Pan American Development Foundation
National Endowmwnt for Democracy (NED)
American Corners (Rincones Americanos, William Brownfield)
Para enfrentar la guerra irregular, los gobiernos revolucionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han desarrollado una estrategia conjunta entre la seguridad del Estado y la inteligencia social para desmontar el trabajo subversivo de los agentes de desestabilización.
Ante la campaña mediática llevada adelante por los impulsores de la «guerra irregular», el gobierno bolivariano, a través del ALBA, ha puesto en marcha toda una estrategia comunicacional y de organización de actividades para enfrentar la campaña mediática emprendida por el imperio. Se han reforzado las milicias y los consejos comunales, para enfrentar los planes guerreristas y desestabilizadores. En los años iniciales de ella, y como respuesta a los planes imperiales estadounidenses, se organizaron las «Bases de la Paz», como instrumento organizativo de los pueblos para enfrentar la guerra irregular y tradicional que el imperio se propuso llevar adelante contra nuestro país.
En función de alcanzar el objetivo de derrocar la Revolución Bolivariana, los gobiernos de Estados Unidos de Bill Clinton, George Bush, Barak Obama y Donald Trump, en alianza con los gobiernos colombianos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, han puesto a su servicio el Plan Colombia (1999).
Plan que, desde sus inicios, se perfiló como un instrumento a través del cual Estados Unidos profundizaría su intervencionismo y hegemonía en la región. Aumentando la presencia y los recursos militares norteamericanos en Colombia, para el desarrollo de una verdadera guerra de baja intensidad, que sólo ha contribuido a perpetuar la crisis en ese país. La inversión inicial del mismo fue de 7.500 millones de dólares.
El Plan Colombia se ha ejecutado bajo estrategias militares que priorizan el uso de la represión y la intervención, fomentando la cultura de violencia. Estas estrategias, que desestiman el valor de la prevención, han alimentado la proliferación de la corrupción en todas las esferas de la administración pública colombiana, así como en otras ramas del Poder Público de esa nación.
Bajo la fachada de lucha contra las drogas, se ha producido una «recolonización» de las instancias políticas, militares, judiciales y de seguridad. La misma es una excusa para generar inestabilidad en la región y con ello un mercado potencial para la industria armamentista estadounidense.
La presencia militar de EEUU en Colombia ha creado un desequilibro de fuerzas en la región, el cual se ha profundizado con el reciente acuerdo entre ambas naciones para permitir que tropas de la nación imperial utilicen y operen siete (7) bases militares neogranadinas.
Con la ejecución de estos planes, Estados Unidos solapa los verdaderos propósitos de su «guerra contra las drogas», la cual coloca el acento de la responsabilidad en los países de producción y tránsito de drogas; propendiendo, de esta manera, al engrosamiento de las fronteras con presencia policial en terceros estados.
Como consecuencia del Plan Colombia se ha puesto en evidencia el alto número de desplazados y refugiados colombianos hacia Venezuela, así como también el incremento del uso del espacio aéreo venezolano, por las aeronaves sospechosas de traficar ilícitamente drogas, desde Colombia, producto de la implementación del programa de interdicción aérea conocido como Air Bridge Denial Program, el cual ha contado con apoyo logístico de la base FOL (forward operating location), establecida en Curazao, y la JIATF-S (Joint Inter-Agency Task Force – South), con sede en Key West, Estado de la Florida (USA).
Sin embargo, el Plan Colombia en la consecución de este objetivo fracasó. Algunos indicadores así lo demuestran:
1.- El potencial de producción de cocaína en Colombia para el año 1999 era de 680TM y para el año 2007 fue de 600TM, una reducción de sólo 80TM muy distante de la reducción de 300TM propuesta en el Plan.
2.-El gobierno norteamericano señalaba -como un éxito de su intervención en Colombia- la reducción de la superficie de cultivos ilícitos de hoja de coca en ese país, pasando de unas 160 mil hectáreas en el año 1999, a unas 81 mil hectáreas en el año 2008. Sin embargo, este dato no indicaba que la situación de la producción y fabricación de cocaína en Colombia hubiese disminuido. De hecho, para 1999 la cosecha de una hectárea de hoja de coca rendía 4,2kg, para el 2006 este mismo espacio rendía 7,8kg.
3.- Desde 1999 hasta el 2008, el gobierno norteamericano invirtió en el Plan Colombia unos 6.541 millones de dólares, de los cuales más del 80% fueron destinados a contrataciones militares, compra de material de guerra, entrenamiento militar e interdicción de drogas, dejando apenas el 20% para programas de asistencia económica y social.
4.- Tan sólo en 2008, Estados Unidos invirtió un aproximado de 743 millones de dólares en el Plan Colombia, mientras que los cultivos ilícitos se redujeron sólo en 18.000 hectáreas con respecto al año anterior (de 99 mil hectáreas, en el año 2007; a 81 mil hectáreas, en el año 2008), lo que significa que el gobierno norteamericano destinó 9.173 dólares de sus contribuyentes por cada hectárea de cultivos ilícitos erradicada en el 2008.
5.- Al fracasar en controlar la oferta ilícita de drogas en Colombia, el Plan falló en la consecución de su objetivo último, el cual, supuestamente era, mantener a salvo a la población norteamericana del consumo de cocaína y otras drogas.
Según el «analista» César Andrés Restrepo, para el año 2018, la producción de clorhidrato de cocaína alcanzó en Colombia la cantidad de 1340 TM. Mientras que, en el año 2017, el cultivo de coca alcanzó 171.000 hectáreas.
El Plan Colombia ha contribuido de manera decisiva en el desarrollo y fortalecimiento de la ruta del Pacífico para el tráfico de cocaína desde Colombia hasta los Estados Unidos. Históricamente, la cocaína en tránsito hacia esa nación circulaba por los distintos corredores del Caribe con destino a la costa este estadounidense. Las iniciales intervenciones del Plan Colombia en el oriente colombiano forzaron la migración de cultivos al centro y occidente de ese país y la búsqueda de una ruta de salida por el Pacífico Oriental.
Con El Plan Colombia se ha propiciado la especialización de las organizaciones de distribución de drogas en el mercado norteamericano, radicadas en países como México y en el mismo territorio norteamericano, con una gran red de distribución conocida por las autoridades norteamericanas.
De igual manera, se ha afectado la institucionalidad de algunos países centroamericanos, al convertirlos en puntos importantes de trasbordo para cargamentos de cocaína en ruta hacia los Estados Unidos.
Así tenemos por caso que, según la Oficina Interagencial que estudia el movimiento de cocaína en los Estados Unidos (Interagency Assessment of Cocaine Movement), por el corredor del Pacífico, específicamente por el vector del Pacífico Oriental, para el año 2008, circulaba cerca del 70% de la cocaína en tránsito hacia los Estados Unidos y otro 20% por el Caribe occidental (Caribe Colombiano). Como puede verse, estos datos demuestran que es totalmente falso que por Venezuela pasen inmensas toneladas de cocaína, pues no tenemos costas con el Océano Pacífico.
La acusación que el imperio estadounidense hace de nuestra Patria, de ser un narcoestado, ha sido desmentida por organismos especializados sobre estudios e investigaciones del narcotráfico de los propios Estados Unidos. Al respecto, bien vale la pena señalar que los investigadores Geoff Ramsey y David Smilde, en un estudio titulado Más allá de la narrativa del narcoestado: lo que dicen los datos de monitoreo del tráfico de drogas de Estados Unidos sobre Venezuela, demuestran con datos irrefutables la falsedad de dicha acusación.
Informe que fue publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), para el cual usaron como fuente la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB, siglas en inglés) de los Estados Unidos, institución que goza de la mayor confianza por parte del Departamento de Defensa (el Pentágono), en asuntos de drogas ilícitas.
Señala, asimismo, el referido informe que alrededor del 90% de toda la droga con destino a los Estados Unidos se trafica a través de las rutas del Caribe occidental y el Pacífico oriental, no a través de los mares del Caribe Oriental de Venezuela.
Estos datos derrumban la acusación del imperio, y sus adláteres, contra la Revolución Bolivariana. Y, necesario es decirlo, WOLA no es un organismo que simpatice con nuestro proceso de construcción socialista. Por el contrario, en el referido informe hace señalamientos que demuestran su adscripción a los sectores desestabilizadores de la democracia participativa y protagónica que edificamos en la Patria de Bolívar y Chávez.
Pese a todos los recursos invertidos a través del Plan Colombia para disminuir la oferta de drogas, el problema del consumo de tales sustancias en los Estados Unidos sigue siendo un asunto de «preocupación nacional».
El Gobierno Revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de las estrategias y políticas soberanas del Estado venezolano, ha venido implementando políticas con la finalidad de minimizar y eliminar el tránsito de las drogas ilícitas procedentes de Colombia.
A este respecto, podemos señalar que Venezuela tiene una ubicación geoestratégica caracterizada por poseer un amplio frente caribeño con más de 4.000 kilómetros de costa; conformamos uno de los cuatro Deltas que hay en el mundo, con más de 3.000 caños, y 37 salidas al Océano Atlántico, con 185 kilómetros de costa; pero más preocupante aún y, quizás una de nuestras mayores desventajas en la lucha contra el narcotráfico, son los 2.219 kilómetros de frontera que tenemos con Colombia.
A pesar de esta realidad geográfica, la voluntad manifiesta y las enérgicas políticas y estrategias del Estado venezolano en llevar a cabo esta lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas, ha sido reconocida por diversos organismos internacionales, entre los cuales destaca la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante los gobiernos venezolanos, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la lucha contra el narcotráfico está plasmada en el Plan Nacional Antidrogas. Allí están contenidas las políticas y estrategias del Estado venezolano, dirigidas a evitar el tráfico de drogas ilícitas y el consumo. Planes que tienen un profundo sentido humanista de inclusión social. De prevención integral, sembrando valores para la vida, en estricta correspondencia con nuestro sistema de democracia participativa y protagónica.
Dentro de esta política el gobierno venezolano ha conformado una Red Nacional Antidrogas que permite masificar la prevención integral social e incorporar a las comunidades organizadas como cogestores de la prevención integral social, a través de los líderes sociales, los líderes locales y los líderes regionales. Eso permite entrelazar las redes sociales, las redes comunales y las redes interinstitucionales creando un gran tejido que permita evitar y declarar territorio libre de drogas a nuestras comunidades.
Partiendo del hecho de que el combate al narcotráfico requiere de una visión y conceptualización integral del mismo y, para garantizar el fortalecimiento institucional de los organismos competentes del área, el gobierno venezolano ha diseñado formas de acción para combatir el tráfico ilícito de drogas.
En Venezuela las pruebas de orientación, las cuales fueron vetadas por el gobierno de los Estados Unidos, elaboradas por técnicos nacionales, se han realizado a lo largo y ancho de la geografía nacional y están siendo utilizadas por todos los organismos de seguridad del Estado. Se han puesto en marcha, asimismo, para el fortalecimiento de nuestros puertos y aeropuertos, los sistemas corporales de revisión no intrusiva, para evitar carga intraorgánica a los usuarios de dichas instalaciones aeroportuarias.
Igualmente, nuestros puertos y aeropuertos, cuentan con sistemas fijos y móviles para inspección no intrusiva de contenedores, los cuales hacen un rastreo con Rayos X directamente al contenedor y permiten detectar drogas ilícitas en aquellas mercancías de exportación.
Se han fortalecido los laboratorios de criminalística de la Guardia Nacional Bolivariana y del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con la finalidad de evitar la impunidad sobre estos delitos. Asimismo, se ha fortalecido el ordenamiento jurídico y se le solicitó, al Tribunal Supremo de Justicia, la Jurisdicción Especial de Droga, de tal manera que existan jueces a nivel nacional, que se encarguen únicamente de la materia de tráfico ilícito de drogas.
No es cualquier cosa lo que Venezuela ha hecho en el combate al narcotráfico. Ahora las políticas en el combate al narcotráfico son soberanas. Venezuela es un país soberano. Ha dado muestras con hechos, de los avances en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
La campaña que el imperio estadounidense adelanta con la intensión de desacreditar a nuestro pueblo y su gobierno revolucionario, no encontrará eco en los pueblos hermanos del hemisferio y del universo.
La memoria de nuestros padres libertadores: Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora y José Leonardo Chirinos, entre otros, no podrá ser mancillada.
Notas y comentarios:
*Este texto forma parte del 3er. Capítulo de un libro que titulamos: ¿A quién nos enfrentamos? La agresión imperial contra Venezuela. A la espera de su publicación.
No se considera el valor correspondiente al año 2008 (430 TM) por considerarlo políticamente corregido luego del incidente Uribe con la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Bogotá, por el aumento del 27% de los cultivos en el 2007.
2 analista de seguridad y defensa nacional. Coordinador del Plan Colombia. Ex director de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional. Revista Semana, 23-10-2020. Bogotá-Colombia.
3 según los datos proporcionados en el Informe Mundial de Drogas de 2009, la prevalencia año, en los Estados Unidos, para el consumo de opiáceos y cocaína se ubican entre las más altas a nivel mundial (con la debida excepción de Irán, Malasia y Rusia en el consumo de opiáceos; y de España e Irlanda en el consumo de cocaína).
Fuente: Entorno Inteligente
Imagen: Entorno Inteligente
