El seguro no cubre ataques de delincuencia común ni de grupos no reconocidos como GAO o subversivos
Póliza contra el terrorismo. Al acercarse a la fecha en la que el Gobierno nacional debe renovar la póliza de automóviles en el país, también conocida como póliza de terrorismo, los transportadores de carga han manifestado su preocupación por las condiciones en las que este seguro ha funcionando hasta el momento.
De acuerdo con los gremios, la mencionada póliza, que fue creada en 1992 con el objetivo de responder a los problemas de orden público del país, y que continúan afectando a los transportadores -tanto de carga como de pasajeros- no está cubriendo las necesidades de los mismos, las aseguradoras no pagan lo que corresponde y los trámites son ineficientes, entre otros problemas.
Cabe aclarar que la póliza es contratada a través una licitación por el Ministerio de Hacienda y administrada por esta misma cartera. Además, que el contrato actual con Aseguradora Solidaria vence en junio próximo, por lo que el proceso para adjudicar el contrato que regiría los próximos dos años está en marcha. El valor es de $39.000 millones.
LO QUE CUBRE Y LO QUE NO
En concreto, la póliza ampara las pérdidas totales o parciales de los vehículos terrestres de transporte público urbano e intermunicipal, así como embarcaciones fluviales, producto de huelgas, asonadas, amotinamientos, conmociones civiles y/o terrorismo.
Sin embargo, cuando los daños son producto de actos terroristas, el contrato especifica que los autores deben estar catalogados como grupos subversivos, es decir que no se incluye a la delincuencia común o, en dado caso, a los grupos disidentes de las Farc.
Además, hasta el momento, los Grupos Armados Organizados (GAO) no están incluidos. Sin embargo, en la nueva licitación sí estarían cubiertos.
Los reparos
Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetransacarga, señaló que existen numerosos problemas estructurales del seguro que afectan a su sector.
“Las coberturas de la póliza no son integrales, es decir que no cubren todo. La póliza cubre solo el daño a los vehículos siempre y cuando los hechos ocurran en carreteras concesionadas, es decir que las vías nacionales y las rurales no son cubiertas.
Adicionalmente, en el momento en que ocurra el siniestro, el vehículo debe estar cargado, pero muchas veces los conductores están viniendo de descargar o yendo a cargar. En ese caso no hay aseguramiento. Y, finalmente, la cobertura es del 100% solo cuando hay un levantamiento armado avisado con anterioridad y es de conocimiento público, pero si no hay esa advertencia, el amparo es del 90% y el 10% restante va por cuenta el transportador”, explicó Cuervo.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, a pesar de que la póliza funciona los 365 días del año, existe una condición especial que se activa cuando hay advertencia de algún evento ‘amenazante’,y en ese momento se pide a la aseguradora que active la denominada ‘condición décima’.
Es así como solamente durante los días en que esté activada esa condición y un vehículo sea dañado, se paga el 100% del valor del automotor.
En promedio, el contrato contempla 80 días al año en los que se puede habilitar la ‘condición décima’. Sin embargo, en la nueva licitación se da un puntaje significativo a las firmas que ofrezcan más días por encima de esa cifra.
Por otro lado, Cuervo advirtió que el reconocimiento económico ignora el valor de la carga y las posibles lesiones que pueden sufrir los conductores, así como los decesos.
“Hace 20 días mataron a un conductor en Santander y otro quedó mal herido, y eso no está contemplado en la póliza. Además, si un camión, por ejemplo, lleva una carga de 35 toneladas de café excelso que vale $400 millones, es la empresa la que debe responder a los generadores de carga por ese dinero perdido”, agregó Cuervo.
Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, indicó que los montos que son pagados la causa de estos incidentes están basados en una tabla diseñada por Fasecolda que no corresponde con los costos reales que los camiones tienen en el mercado.
“Según Fasecolda esa es solamente una tabla de referencia, pero estas tienen la responsabilidad de consultar también el mercado. Como eso no pasa, entonces se están pagando indemnizaciones muy por debajo del precio real”, dijo Rodríguez.
No obstante, los dirigentes gremiales señalan que se han adelantado conversaciones con Fasecolda, quienes han expresado su interés de hacer ajustes en la tabla de referencia.
Finalmente, Cuervo señaló que el trámite para recibir el dinero no tiene unos tiempos preclusivos específicos, por lo que los procesos pueden tardar años y en algunos casos son objetados.
“Además, se exige presentar una constancia del comando de las fuerzas armadas en cuya jurisdicción se haya cometido el ataque, certificando cuál fue el grupo armado que lo causó. Y eso es muy difícil de conseguir porque dar ese certificado es reconocer que hubo errores de en la operación y les puede representar un llamado de atención”, concluyó Cuervo.
Cabe señalar que entre 2018 y lo corrido del 2019, se han reportado daños causados por problemas de orden público y terrorismo en 104 automotores, 45 de los cuales fueron camiones de carga incinerados.
En este mismo periodo de tiempo, se han pagado más de $7.860 millones a los afectados y, según cálculos de Fedetranscarga, las pérdidas del sector ascenderían a unos $4.000 millones.
Fuentes: Portafolio
Imagen: Archivo Portafolio
