En un movimiento que ha desencadenado una serie de preocupaciones y tensiones, la alcaldesa del municipio de Tibirita en Cundinamarca, María Antonia Martín, anunció un decreto que limita la circulación de vehículos de carga con un peso bruto vehicular superior a 10 toneladas dentro del perímetro urbano del municipio. Esta medida, si bien busca preservar la integridad de las vías y puentes locales, ha generado un revuelo en toda la región del valle de Tenza y la provincia de Neira, pues diversos municipios se ven ahora enfrentados a una situación de difícil solución.
Los municipios afectados incluyen Guateque, Guayatá, Somondoco, Tenza, Sutatenza, Almeida, Chivor y La Capilla en la Provincia de Oriente, junto con Garagoa, Chinavita, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno y Santa María en la Provincia de Neira. Estos lugares, en su mayoría económicamente activos por su producción y transporte de bienes, están experimentando un grave problema con esta restricción impuesta por Tibirita.
Fabio Arévalo, alcalde del municipio de Garagoa, ha expresado su profunda preocupación por la situación. En sus propias palabras, “nos sentimos en este momento extremadamente preocupados por la situación vial que viven todos y cada uno de los municipios que conforman la región”. Arévalo resalta cómo la medida afecta directamente la movilidad y la economía de estas zonas, ya que gran parte de sus productos y suministros provienen de Tunja y Bogotá. Además, subraya que la prohibición de tránsito de vehículos de carga pesada afecta tanto a proyectos públicos como privados de gran envergadura, como la construcción.
En un intento por encontrar una solución que no solo alivie la congestión vial y el daño a las infraestructuras, sino también proteja la economía local, los alcaldes de los municipios afectados tienen previsto presentar una solicitud formal ante diferentes entidades gubernamentales. Estas incluyen la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, la Concesión del Sisga y la Gobernación de Boyacá. La solicitud tiene como objetivo establecer un diálogo y colaboración para encontrar alternativas viables que minimicen el impacto de esta restricción.
La preocupación compartida entre estos alcaldes es palpable, ya que la medida no solo afecta el suministro de productos esenciales para sus comunidades, sino que también amenaza con paralizar gran parte de las operaciones comerciales en la región. Es evidente que la colaboración y la búsqueda de soluciones flexibles son esenciales en este momento para garantizar que la economía de estos municipios no se vea perjudicada en gran medida.
