La reciente decisión del Ministerio de Transporte de aplicar la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, que conecta Cartagena y Barranquilla, ha generado una oleada de controversia y acciones legales. El abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, ha sumado una nueva demanda ante el Consejo de Estado, buscando la anulación de las resoluciones del Instituto Nacional de Vías (Invías) que autorizan y regulan este cobro. La medida ha desatado una intensa discusión en la región Caribe, donde muchos cuestionan si es justo que los ciudadanos deban asumir este coste adicional por una obra ya concluida.
Según Ruiz, las resoluciones emitidas por el Invías exceden las facultades del organismo y violan derechos constitucionales al imponer una “carga económica desproporcionada” sobre los contribuyentes, sin llevar a cabo un análisis de su capacidad de pago ni realizar consultas previas a la comunidad afectada. “Obliga a los habitantes de la región Caribe a asumir costos que no se traducen en un beneficio proporcional, afectando su bienestar y estabilidad económica”, argumentó el abogado. Además, subrayó que el cobro se implementa sin “estudios técnicos exhaustivos”, lo cual supone una carga inesperada que afecta el equilibrio financiero de los residentes.
La demanda de Ruiz es solo la más reciente en una serie de acciones legales contra el cobro. Otros actores, incluyendo el Consejo Gremial de Bolívar, el Consejo Intergremial del Atlántico, y las alcaldías de Cartagena y Barranquilla, también han presentado demandas similares, argumentando que el impuesto representa una imposición desproporcionada que afecta de manera directa a los habitantes de la región.
El Ministerio de Transporte defiende el cobro de valorización de la Vía del Mar
Por otro lado, el Ministerio de Transporte se ha mantenido firme en su posición, argumentando que la medida es completamente legal y que los fondos obtenidos serán destinados a financiar proyectos de infraestructura vial en 10 municipios, incluyendo Cartagena, Barranquilla y otras localidades del Atlántico. La ministra María Constanza García explicó que este cobro de valorización tiene sus raíces en la legislación de 1921 y que, aunque fue suspendido en 2003 por la Corte Constitucional, se reintrodujo en la Ley de Reforma Tributaria de 2016. “Es precisamente esa ley, más los decretos reglamentarios que se han venido expidiendo, lo que nos permite hoy estar ad portas de iniciar nuevamente el cobro de valorización en un proyecto que había sido seleccionado ya desde la administración pasada, producto de unos estudios que se hicieron en su momento”, indicó García.
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La ministra también destacó que el cobro ha sido utilizado en otros 44 proyectos de infraestructura a nivel nacional, por lo que no se trata de una medida aislada ni exclusiva de la Vía del Mar. Además, afirmó que los recursos obtenidos permitirán continuar desarrollando proyectos de gran envergadura que beneficiarán a las comunidades locales. Sin embargo, para los habitantes de la región Caribe, el hecho de que la Vía del Mar ya esté operativa y en funcionamiento plantea una cuestión de fondo: ¿es justo que se les exija ahora contribuir para una obra de la que ya disfrutan y por la que, muchos argumentan, ya han pagado a través de otros impuestos?
Una comunidad en contra del cobro
La comunidad y los líderes locales se han manifestado enérgicamente en contra de la contribución. Consideran que la medida fue implementada sin la debida consulta y sin tener en cuenta el impacto económico que podría tener en una región que, históricamente, ha enfrentado desafíos económicos. Para algunos, el cobro de valorización representa una carga económica significativa, especialmente en un contexto donde los precios de la canasta básica y el costo de vida han aumentado de manera constante.
El Consejo Gremial de Bolívar y el Consejo Intergremial del Atlántico han alzado su voz, alegando que este cobro de valorización debería ser revisado, ya que su implementación genera incertidumbre entre los contribuyentes. Además, tanto el Consejo como las alcaldías de Cartagena y Barranquilla han expresado su preocupación sobre la falta de transparencia en los estudios que justificaron el cobro, pidiendo una revisión exhaustiva para asegurar que el impacto económico sea verdaderamente equitativo y proporcional a los beneficios que la obra representa.
¿Un beneficio a largo plazo o un peso injusto?
A nivel nacional, el debate sobre el cobro de valorización en proyectos de infraestructura no es nuevo. Los defensores de este tipo de contribuciones argumentan que las mejoras en infraestructura benefician a todos los ciudadanos al facilitar el comercio, el transporte y el turismo, lo cual puede impulsar la economía local. Sin embargo, los críticos sostienen que los residentes locales deberían ser eximidos de estos cobros cuando la infraestructura ya ha sido concluida y puesta en funcionamiento, especialmente en una región como la Costa Caribe, donde los ingresos medios son inferiores a los de otras áreas del país.
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Por otro lado, algunos economistas señalan que la valorización como mecanismo de financiación de obras públicas tiene una lógica fiscal válida, ya que permite que quienes se benefician de una mejora en infraestructura contribuyan a su costo. No obstante, en el caso de la Vía del Mar, el momento y la metodología del cobro parecen haber sido los puntos más cuestionados, ya que no se realizó antes de la finalización de la obra, sino después. Este aspecto ha generado suspicacias sobre la legitimidad del cobro y ha desencadenado protestas y acciones judiciales que, al menos por ahora, mantienen el tema en una nebulosa de incertidumbre.
Alternativas y expectativas
La demanda presentada por Wilson Ruiz Orejuela y las demás acciones judiciales podrían derivar en una pausa en la aplicación del cobro de valorización en la Vía del Mar, aunque esto dependerá de la decisión final del Consejo de Estado. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte deberá justificar la legalidad de las resoluciones emitidas, demostrar que los estudios técnicos realizados son suficientes y que la medida es equitativa y proporcionada.
De ser aprobada la demanda, el fallo sentaría un precedente importante sobre el alcance y los límites de la valorización en proyectos de infraestructura en el país. Sin embargo, si el Consejo de Estado falla a favor del Ministerio de Transporte, los contribuyentes de los municipios de Cartagena, Barranquilla, y otros en Bolívar y Atlántico, tendrán que asumir el costo de la obra.
Por ahora, la polémica sigue viva y el desenlace aún es incierto. Lo que está claro es que este caso pone de manifiesto un tema crucial: la necesidad de una mayor participación ciudadana y de mecanismos de consulta previa en decisiones que afecten directamente a la economía de una región y a sus habitantes. Además, subraya la importancia de contar con estudios técnicos completos, transparentes y accesibles que den sustento a decisiones de gran impacto.
La situación actual nos recuerda que, en un país con necesidades de infraestructura tan apremiantes como Colombia, es fundamental que las políticas de financiamiento sean percibidas como justas y equitativas. Solo así se podrá asegurar el respaldo ciudadano y evitar que el financiamiento de nuevas obras se convierta en una carga que, para muchos, resulta difícil de soportar.
Fuente: EU
