El impacto de la crisis es dramático si se tiene en cuenta que las empresas de este sector generan más de 125.000 empleos directos formales
Los transportadores terrestres de pasajeros no ven la luz al final del camino a pesar de que el Gobierno habilitó a las administraciones locales, de cada uno de los municipios y departamentos, para atender las solicitudes presentadas por las empresas de servicio público con el fin de dar paso a la reactivación gradual de este sector.
De acuerdo con cifras de la Cámara Sectorial de Transporte de Pasajeros de la Andi, a la fecha existen 540 empresas en riesgo de liquidación, una situación que se agrava cada día dado que el sector aún no cuenta con una fecha concreta para su reapertura.
Para Hernando Tatis, director de la cámara, el anuncio hecho en días pasados por el Gobierno en nada cambia las cosas porque que el sector requiere una reapertura completa y no parcial.
“Este es un sector que funciona con una habilitación de índole nacional y, tanto en transporte terrestre como aéreo, el 70% de los pasajeros pasa por Bogotá. Entonces mientras no haya decisión del mandatario local de la capital de abrir aeropuertos y terminales no habrá mayor mejoría”, apuntó.
En ese sentido, Tatis enfatizó que el panorama es muy poco esperanzador para el sector porque el proceso que implica la coordinación con los mandatarios locales es demasiado complejo. “Es muy complicado poner de acuerdo a los más de 1.200 alcaldes del país para mover un bus de un sitio a otro”, agregó.
El mismo panorama también es visto por Mariano Quintero, presidente de la Asociación Nacional de Transportadores, quien coincide en que lo que se requiere es apertura más amplía, incluso, para combatir el aumento de la piratería en las carreteras nacionales.
“La petición real del sector es abrir el servicio en coordinación con los alcaldes y dar alivios jurídicos y económicos para que realmente el transporte empiece de verdad su recuperación”, dijo.
En lo que también concuerdan los dirigentes es que en todo caso la tarifa del transporte intermunicipal subiría incluso hasta el 50%, dadas las condiciones en las que tendrían que operar por la pandemia.
Por ejemplo, en los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para el sector se estipula, entre otras cosas, que los buses deberán transitar con máximo la mitad de su ocupación, deben ser sometidos a procesos de desinfección y debe garantizar elementos que ayuden a la protección de los pasajeros.
“Si el gobierno no ayuda con financiamiento y alivios, las medidas de protocolos de tienen que ser incluidas en la tarifa”, precisó Quintero.
En esa línea, Tatis recalcó que, si bien el transporte formal tendría que incrementar entre 50 y 20 %, la piratería esta operando hoy con trayectos hasta cinco veces más costosos. “Por ejemplo, una ruta en transporte ilegal en la ruta Bogotá Villavicencio se está pagando en 150.000 pesos, cuando eso no pasa de 25.000 en transporte legal. Hemos detectado casos Medellín costa caribe de 750.000 pesos, cuando el incremento en el servicio formal no es más de 50%”, afirmó.
De otra parte, sobre le paquete de alivios anunciados para el sector a través del Decreto 575 de 2020 Tatis advirtió que el peor negocio para una empresa es tomar un crédito porque estos vienen con periodos de gracia muy cortos y la incertidumbre de la reactivación no permite la adecuada planeación estratégica de las empresas.
“Es difícil ser sujeto de crédito porque si bien el gobierno ha dado apoyo con líneas de crédito a través de Bancoldex, que son garantizadas en el 90%, lo cierto es que la banca de primer piso cuando hace el análisis exige que la empresa tenga capacidad de pago de 100%. Pero las empres tienen una parálisis del 98%, los estados financieros están a la baja y los números actualizados son muy malos y por ese riesgo no son sujeto de crédito”, puntualiza.
Finalmente, Quintero recalca que el sector necesita créditos de fomento a más largo plazo, a mejores tasas y periodos muertos más largos. “La recuperación va a ser muy difícil y de aquí a diciembre más de la mitad de las empresas entrarían en cesación de pagos y derecho a la quiebra”, concluyó.
Fuente: Revista Portafolio
Imagen: Revista Portafolio
