Con el descontento de los empresarios del sector, la Supertransporte respondió que las tarifas son autonomía de cada sociedad portuaria
El comercio exterior del país sigue en marcha a pesar de la pandemia. Según reportes de la Superintendencia de Transporte, en el primer semestre se movilizaron a través de las zonas portuarias 55,4 millones de toneladas por exportación y 18,4 millones por importación. Y aunque estas cifras demuestran un avance en materia comercial y la entrada de divisas al país, lo cierto es que al interior de las operaciones comerciales se están realizando acciones que tienen en descontento a varios empresarios del sector.
Es el caso de Javier Arenas, director de la empresa importadora de productos para la industria textil, Harmex S.A., quien cumple más de nueve meses lidiando con un problema ante la Sociedad Portuaria de Buenaventura.
El lío comenzó el 18 de noviembre de 2019, cuando llegó al Puerto de Buenaventura un contenedor de hilo de poliéster perteneciente a su empresa, y por un error de apreciación de la Dian, entidad que posteriormente reconoció su equivocación, no fue posible hacer el levante, es decir, la nacionalización para que esta pudiera entrar al país legalmente y con normalidad.
Así, tras cinco meses de espera con la carga aún en puerto, la Dian se pronunció mediante un acto administrativo, por el cual se reordenó el levante de la mercancía que estaba en el contenedor. Sin embargo, este fue el inicio del problema que el empresario iba a enfrentar.
Con la mercancía ya legalizada y dispuesto a pagarle a la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Arenas pidió la cuenta del bodegaje, y la sorpresa llegó con una factura de más de $86 millones, un valor al que el empresario no podía hacerle frente.
Por esta razón, el directivo se acercó a la Dian, quienes se interesaron en su caso, y posteriormente a la Sociedad Portuaria para tratar de llegar a un acuerdo, pues en un principio la culpa recaía sobre la entidad aduanera que no realizó el levante como se debía, en el momento oportuno. Sin embargo, varios días después recibió la respuesta del Puerto, en la que lo remitían a hacer el trámite con otra dependencia, demorando así aún más el proceso.
Cronológicamente, a este punto ya habían pasado siete meses desde que llegó por primera vez la carga de sus productos al terminal. Arenas seguía en la búsqueda de una solución y un arreglo para no tener que pagar el total de la tarifa que se le establecía, sin embargo, esto no fue posible y finalmente el cobro diario de bodegaje seguía aumentando.
Según el empresario, hoy el Puerto le cobra US$110 por cada día que su mercancía permanece en sus predios, lo cual lo deja con una factura total de más de $110 millones, un valor casi igual al que tiene la mercancía que está en el contenedor. El valor de esta es de US$31.248, es decir, más de $116 millones, lo que dejaría un saldo a su favor muy bajo si paga por el error que no cometió.
Este punto abre el debate sobre estos cobros, pues el problema no solo radica en la cantidad de dinero que el empresario debe pagar, sino también en la falta de respuesta de parte de la Sociedad Portuaria. “Yo escribo y no leen, llamo y no responden, yo necesito saber porque no dan respuesta a un caso como este, porque así como este hay un montón”, expresó Arenas.
Y es que, tras varios intentos, el directivo logró un acercamiento con la gerente de ese momento del Puerto, sin embargo, días después hubo un revolcón en la alta gerencia de la sociedad, y el caso quedó en vilo.
Al cabo de ocho meses, le fue entregada una nueva factura al empresario, la cual rondaba $102 millones, y a la que se le iba a hacer un arreglo al tratarse de un error externo, sin embargo, esto nunca sucedió y al día de hoy Arenas sigue esperando con su carga en el Puerto de Buenaventura.
Para los empresarios, el problema radica, en primer lugar, en las tarifas de las bodegas del Puerto, por esta razón LR indagó con la Superintendencia de Transporte, a cargo de Camilo Pabón, las reglas que existen alrededor de los cobros.
A lo que la entidad de vigilancia respondió que, “todas las Sociedades Portuarias que operan puertos de servicio público serán responsables de calcular y cobrar las tarifas en dólares por los siguientes servicios: muellaje, uso de instalaciones, almacenaje y servicios públicos”.
Es decir, que no hay una regulación para las tarifas que se den en los puertos, y al preguntar si se han recibido quejas alrededor de este tema, la Superintendencia respondió que: “no hemos recibido quejas concretas. Los cobros de almacenamiento en los puertos, se encuentran registrados ante la Supertransporte tal como se encuentra establecido en la resolución 723 de 1993 y en ese sentido los puertos han cumplido”.
Además, se solicitó información a la Sociedad Portuaria de Buenaventura, los cuales no entregaron una respuesta a este medio.
A la fecha, Arenas sigue esperando que se dé una solución a su problema, y al de muchos otros empresarios, a quienes se les siguen cobrando altas tarifas de bodegaje, que ya valen más que lo que importaron.
