Reclinado en su sillón de madera, al borde del solar, el campesino Gerardo* suelta su opinión, preñada de descontento: “yo catalogo esos diálogos de La Habana como cuando dos pelaos pequeñitos se ponen a jugar. Uno sabe que eso no va pa’ ningún lado, que solo lo hacen pa’ ponerse a hacer fechorías”.
Su infelicidad nace de una circunstancia que a menudo pone en riesgo su supervivencia: vive en la vía más peligrosa de Antioquia, la troncal a la Costa Atlántica.
El drama de Gerardo es compartido por otros ciudadanos que pernoctan, trabajan o transitan esta carretera plagada de curvas, derrumbes, fallas geológicas, guerrilla y bandas criminales. Eso comprobó EL COLOMBIANO al recorrer los 122 kilómetros del tramo más crítico de la vía, entre el corregimiento Llanos de Cuivá (Yarumal) y el municipio de Tarazá.
La violencia ejercida por los insurgentes en este sector de la carretera incluye al menos 20 agresiones contra la población civil y la fuerza pública en 2015, con énfasis en el periodo del 22 de mayo al 19 de julio, cuando las Farc reactivaron su aparato de destrucción en el intermedio de dos ceses de fuego unilaterales.
“Aquí el promedio de hostigamientos es de uno cada cinco días”, cuenta un soldado que custodia la vía, soportando el frío y la niebla del Alto de Ventanas.
Los episodios más graves han sido la destrucción de una calzada con explosivos (julio 15), que dejó a la comunidad de Puerto Valdivia sin agua ni luz; la quema de dos buses en Valdivia (julio 6); la quema de un camión y disparos contra otro bus, en el que resultaron heridos el conductor y un pasajero en el sitio El Descanso de Yarumal (junio 28).
En total, los actos violentos han dejado siete heridos en lo que va de este año en esos 122 km de tormento, donde delinquen los frentes 18 y 36 de las Farc y la banda “los Urabeños”, así como el Eln, a través del frente Héroes de Tarazá y las compañías Compañero Tomás y Compañera Yesenia.
“Vivimos de los carros”
Jairo* trabaja en un montallantas, uno de los negocios que más pululan en la vía a la Costa. Al igual que sus colegas, es de los que madruga sin un peso en el bolsillo, a rebuscarse la plata para el desayuno.
“Nosotros vivimos de los carros”, dice ante un corrillo de compañeros, que se esconden de la llovizna menuda de Yarumal en una cafetería, oyendo la canción “Mi única ilusión” y su triste tiple.
En un día normal, el montallantas atiende 20 vehículos, lo que puede dejarle cerca de $40.000. Cuando la vía se infarta por un acto terrorista, regresa a su casa con $10.000, a lo sumo. “Después de las 6:00 p.m. es mejor no trabajar, por la inseguridad”, comenta.
La misma medida aplican los camioneros, como Reinel*. “En la empresa me dieron la orden de no manejar después de las 6:00 p.m. Toca parar y buscar alojamiento, porque en este pedacito de la carretera ya nos quemaron cuatro camiones, y cada uno valía $400 millones”.
Luis Orlando Ramírez, director de la Asociación de Transportadores de Carga, cuenta que “la zozobra del gremio es demasiada, ojalá sirva esa tregua de las Farc”.
Calcula que cuando hay cierre de la vía, cada tractocamión cargado de mercancía genera pérdidas cercanas a los $3 millones, “y cada semana transitan por ahí entre 12.000 y 15.000 vehículos”.
El dirigente denuncia que la violencia obliga a los camioneros a cesar la operación nocturna entre Yarumal y Tarazá, pero las restricciones impuestas por el Ministerio de Transporte los empujan a rodar en la oscuridad, exponiendo el pellejo. “Mintransporte nos restringe la movilidad los fines de semana y festivos, entre 10:00 a.m. y 10:00 p.m., así que nos toca trabajar de noche”.
Luis Fernando Ospina, director territorial en Antioquia de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera, comparte la preocupación por el camino a la Costa. “Y si uno toma la vía alterna por Puerto Berrío, se aumentan los costos de operación un 40%; y si la toma por Urabá, 35%”.
Agrega que ante las quemas y detonaciones con explosivos, la Póliza de Terrorismo que ofrece el Estado solo cubre el automotor, mas no la mercancía que lleva.
Los transportadores no son los únicos que sufren, pues las constantes parálisis afectan hostales, tiendas, estaderos, montallantas y, en general, a todo negocio aledaño a las calzadas, cuyo sustento se deriva del flujo vehicular. En el hostal de don Ramiro*, en Puerto Valdivia, antes de la última escalada subversiva había 20 habitaciones ocupadas al día, ahora solo dos.
Sus ingresos cayeron de $500.000 a $70.000 diarios y tuvo que despedir empleadas. “Esa vez que quemaron los dos buses allí abajito, esos tipos pasaron diciendo que si dejaban las mulas parqueadas por aquí, no respondían”, narra con nerviosismo.
Sumando las afectaciones a los sectores de comercio, transporte, industria y turismo, las pérdidas rondan los $10.000 millones semanales, según las cuentas de Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco Antioquia. “El impacto negativo es a nivel nacional, este es un corredor arteria para la zona occidental, vital para exportaciones e importaciones”, precisa.
Las obstrucciones a la carretera provocan efectos inflacionarios y desabastecimiento de la canasta familiar. Y el turismo, en particular, se vio duramente golpeado este año, ya que la guerrilla concentró sus ataques en junio y julio, en plena temporada alta.
Alerta máxima
Los 13 policías de la subestación de Puerto Valdivia tienen la cara curtida por el Sol que lacera este lado de la montaña, y el corazón acongojado por las heridas a sus compañeros.
Mientras almuerzan en su base con forma de jaula de pájaros, cuentan que el 14 de julio las Farc dispararon desde el cerro del frente tres tatucos, que causaron daños materiales y lesiones por esquirlas a dos uniformados. Afuera de la subestación, las patrullas con sus vidrios fragmentados son testimonio mudo del conflicto.
“Sabemos que ellos tienen un plan pistola, tenemos que estar alerta, con cese o sin cese unilateral”, dice un policía, rascando la costra de una herida en su cabeza.
El coronel Ulises Figueredo, comandante de la Brigada 11 del Ejército, explica que los delincuentes se ensañan con el tramo entre Yarumal y Tarazá porque es altamente montañoso y en sus proximidades hay cultivos de coca y minería ilegal de oro.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, agrega que la presencia histórica de la subversión les permitió consolidar redes de apoyo, con milicianos de civil que hacen inteligencia para atacar en los espacios de la vía donde no hay vigilancia. “No tenemos cómo poner un soldado cada metro”, se lamenta.
“Condenamos estos hechos, que están enfocados a perjudicar a la población civil”, asevera el coronel.
Vacunas silenciosas
“Aquí la presión no solo es de la guerrilla. Esos paramilitares me vacunan el negocio, piden $150.000 al mes y mandan a un muchacho a cobrar, al estilo de los combos de Medellín. Dicen que son autodefensas y que la plata es una cuota de seguridad, ¡pero no vigilan nada!”, afirma Juan*, dueño de un hospedaje en Valdivia.
“Los Urabeños”, o como ellos se denominan, Autodefensas Gaitanistas, aplican extorsiones a los locales y trabajadores de la vía. En Puerto Valdivia vacunan a los mototaxistas con un sistema “novedoso”.
“Estamos numerados del 1 al 19, y al número 1 le toca recoger la plata de todos y entregarla a esa gente cada mes; después la recoge el número 2 y así sucesivamente”, relata una de las víctimas, tomando la sombra junto al río Cauca.
A cada mototaxista le cobran $20.000, un dinero que a veces no tienen, porque cuando hay atentados, “uno entra en una especie de paro, hay que resguardarse”, prosigue el joven, y añade que los cobradores “dicen que ellos son la ley de acá, y que les tenemos que pagar pa’ poder trabajar”.
El secretario Londoño afirma que este fenómeno está siendo atendido por el Gaula del Bajo Cauca, aunque los afectados admiten que ninguno denunciará el tema con las autoridades.
Otro tipo de cobros se aplican monte adentro, en Tarazá, donde el campesino Gerardo labora “voliando rula” y sembrando maíz. Asegura que “por allá esos señores (las Farc) mandan y cobran $3.000 por la dormida. A uno le toca salirse y dejar de trabajar cuando llega el Ejército allá, porque de pronto se forma un ‘embolismo’ (balacera)”.
El temor de un tiroteo tampoco dejar dormir a Julia*, ama de casa en el sector El Quince de Tarazá, donde con frecuencia hay hostigamientos a la tropa. “Cuando hay candeleo me encierro con mis tres hijos, aunque no sirva de mucho porque mi ranchito es de plástico y tabla. Una vez me quedó lleno de huequitos”, relata señalando su hogar.
Es una angustia similar a la que siente Arturo*, un tendero de Yarumal, cada vez que los insurgentes llegan a su caspete. Él no es capaz de llamarlos “guerrilleros”. “Esos gamines bajan a cada rato, de a cuatro o cinco, y se llevan el mecato sin pagar. No están armados ni tienen uniforme, pero uno sabe que son ellos, y ellos saben que uno sabe”.
Fuente: El Colombiano
Fotografía: Wikipedia
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