En un reciente evento en Cartagena, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, reveló detalles de las investigaciones en curso contra el transporte ilegal e informal en el país. Durante su intervención, Ospina destacó que, aunque actualmente no es posible emitir una orden para cesar la actividad de las plataformas de transporte, se están logrando avances significativos en otras áreas.
Ospina explicó que las empresas detrás de las aplicaciones de transporte suelen argumentar que no prestan el servicio de transporte directamente, sino que facilitan la comunicación entre el usuario y el conductor. Sin embargo, la superintendente enfatizó que esto es una violación de las normas de tránsito y transporte, ya que estas aplicaciones facilitan un servicio no autorizado. En base a esto, la Superintendencia de Transporte ha emitido varios fallos en contra de dichas compañías, afirmando que cambiar el nombre del servicio no altera su naturaleza de transporte y, por ende, continúa siendo sujeto de multa y sanción.
Las aplicaciones de transporte han adoptado la figura del arrendamiento de vehículos para eludir responsabilidades legales. Según Ospina, esta estrategia induce a error a los usuarios, llevándolos a firmar contratos de arrendamiento cuando creen estar contratando un servicio de transporte autorizado. La Superintendencia ha emitido decisiones sancionatorias contra estas prácticas, que pueden conllevar multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En su discurso, Ospina anunció el desarrollo del Sistema de Colaboración Tecnológico con Enfoque Multipropósito, destinado a detectar y multar a los vehículos particulares que realizan transporte informal o ilegal. Este sistema aprovechará la tecnología existente en las concesiones viales, como cámaras de detección de placas y radares de velocidad, para monitorear y controlar de manera más efectiva el tránsito vehicular.
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Un plan piloto en la vía Bogotá-Villavicencio demostró la eficacia de este sistema, identificando a 2.800 vehículos involucrados en 27.548 infracciones durante 2023. Estos datos se utilizarán para estructurar pruebas en procesos sancionatorios, facilitando la identificación de vehículos sospechosos de realizar transporte ilegal.
La implementación de este sistema permitirá a las autoridades de tránsito no solo detectar infracciones, sino también mejorar la seguridad vial y la eficiencia en el control vehicular. Ospina destacó que la información obtenida de las concesiones viales puede utilizarse para diversos fines, incluyendo el conteo de vehículos y la mejora de la seguridad en los corredores viales.
El Ministerio de Transporte también está desarrollando iniciativas para permitir a los ciudadanos reportar infracciones de tránsito mediante fotos y videos. Esto contribuirá a generar órdenes de comparendo y avanzar en el Plan Estratégico contra la Ilegalidad y la Informalidad. Además, se están evaluando medidas para reducir la evasión de la revisión técnico-mecánica y el SOAT, que actualmente afecta a un gran porcentaje del parque automotor colombiano.
Ospina concluyó su intervención haciendo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para colaborar en la lucha contra el transporte ilegal e informal. Subrayó la necesidad de cambios estructurales y la importancia de utilizar todas las herramientas tecnológicas disponibles para mejorar la seguridad y la legalidad en el sector del transporte en Colombia.
El mensaje es claro: el transporte ilegal no solo perjudica a los conductores autorizados y a las empresas de transporte, sino que también representa un riesgo significativo para la seguridad vial y la economía del país. Es imperativo que se tomen medidas contundentes para abordar esta problemática y garantizar un transporte seguro y legal para todos los colombianos.
Fuente: Pulzo
