El Ministerio de Transporte dio un nuevo paso en su estrategia para fortalecer el control del sector. La ministra María Fernanda Rojas, junto al superintendente de Transporte, Enrique Piñeres, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que busca modernizar el esquema de supervisión y el régimen sancionatorio del transporte en Colombia, con énfasis en la prevención y la protección de los usuarios.
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Según explicó la cartera, la propuesta responde a las limitaciones de un modelo de control que considera fragmentado y desactualizado, lo que ha dificultado la capacidad del Estado para actuar de manera eficaz frente a la ilegalidad, la informalidad y las malas prácticas que afectan la seguridad vial, la calidad del servicio y los derechos de los ciudadanos.
“Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la supervisión del transporte, establecer reglas claras y proteger a los usuarios. No se trata de imponer más sanciones, sino de mejorar la supervisión y anticiparnos a los riesgos”, señaló la ministra Rojas durante la radicación de la iniciativa.
Un cambio de enfoque en el control del sector
El articulado plantea un giro en la forma como se ejerce la vigilancia del transporte, al transitar de un modelo predominantemente sancionatorio a uno preventivo, técnico y proporcional. De acuerdo con el Ministerio, este enfoque permitiría corregir fallas operativas a tiempo, antes de que deriven en afectaciones graves al servicio o en riesgos para la vida de los usuarios.
Por su parte, el superintendente de Transporte resaltó que el proyecto busca cerrar vacíos históricos en el control del sector y fortalecer la capacidad institucional del Estado para enfrentar prácticas ilegales.
“Esta ley nos dará herramientas para combatir de manera estructural la ilegalidad y la informalidad, sancionando no solo a quienes prestan servicios de transporte de forma ilegal, sino también a quienes los facilitan o se benefician de ellos”, afirmó Piñeres.
Con esta iniciativa, el Gobierno espera avanzar hacia un sistema de transporte más ordenado, transparente y seguro, en el que la supervisión efectiva se convierta en un mecanismo clave para garantizar la legalidad y la protección de los usuarios.
