La solicitud de suspender la firma de contratos de infraestructura vial en La Guajira abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno saliente y el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De la Espriella. Mientras la administración entrante pidió detener la suscripción de 16 contratos de Invías por un valor cercano a $3,2 billones, el Ministerio de Transporte aseguró que los procesos fueron adelantados conforme a la normatividad vigente y cuentan con respaldo jurídico, técnico y financiero.
La controversia surgió a pocos días del cambio de Gobierno, luego de que el equipo de empalme manifestara su preocupación por la firma de compromisos presupuestales con vigencias futuras que se extenderían hasta el año 2035. Según esa posición, decisiones de esta magnitud deberían ser revisadas por la nueva administración antes de su formalización.
De acuerdo con la información divulgada por el equipo de empalme, los procesos comprenden 10 contratos de obra y seis interventorías destinadas al mejoramiento de vías terciarias en municipios como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure. Del total de recursos, cerca de $2 billones corresponden a siete proyectos en Uribia, mientras que otros tres contratos para Riohacha, Maicao y Manaure suman aproximadamente $1,1 billones. Las seis interventorías tendrían un valor cercano a $204.000 millones.
El equipo de De la Espriella argumentó que estos compromisos financieros podrían limitar la capacidad presupuestal del próximo Gobierno, razón por la cual anunció que, una vez inicie su mandato, realizará una revisión técnica, jurídica y financiera de cada uno de los procesos. El análisis incluirá aspectos como la estructuración de los contratos, la conformación de los consorcios adjudicatarios y las condiciones de competencia entre los oferentes.
A esta posición se sumó el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien respaldó la solicitud de suspensión y señaló que la preocupación no está relacionada con la ejecución de obras para las comunidades rurales, sino con la oportunidad en que fueron adjudicados los contratos, el pasado 27 de julio.
Frente a los cuestionamientos, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió la legalidad de las adjudicaciones y afirmó que hacen parte de una planeación iniciada desde finales de 2025. La funcionaria explicó que los procesos fueron estructurados con base en la Ley de Contratación Pública, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las demás disposiciones legales aplicables.
La ministra también indicó que el uso de vigencias futuras es una herramienta habitual para financiar proyectos de infraestructura de largo plazo, mecanismo que, según precisó, se emplea de manera recurrente en concesiones viales y otras iniciativas estratégicas del sector transporte.
Asimismo, el Ministerio de Transporte informó que los contratos fueron adjudicados mediante licitación pública, con participación de empresas que acreditaron los requisitos establecidos por la ley. La cartera agregó que las obras responden a compromisos adquiridos con las comunidades de La Guajira y al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables del departamento.
Por ahora, los contratos continúan siendo objeto de debate entre ambas administraciones. El equipo de empalme reiteró que revisará integralmente los procesos una vez asuma funciones y aseguró que los proyectos que demuestren viabilidad técnica, financiera y beneficios para las comunidades podrán continuar. En caso de evidenciarse irregularidades, anunció que se adoptarán las medidas administrativas y legales correspondientes.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: cronista.com
