El Gobierno nacional ordenó una revisión integral de los sistemas de fotodetección del país para determinar si las cámaras cumplen los requisitos técnicos y legales y si realmente están orientadas a mejorar la seguridad vial. La decisión se conoce en medio de una investigación de la Superintendencia de Transporte contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de estos dispositivos.
La discusión cobró fuerza tras la autorización de tres nuevos puntos de fotodetección en el corredor Barranquilla-Cartagena, con los que el número de dispositivos en esa vía pasaría de cuatro a siete. Los nuevos controles estarían ubicados en sectores como Playa Mendoza, el Sombrero Vueltiao y el área del Volcán del Totumo.
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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, cuestionó la cantidad de dispositivos proyectados para este corredor y solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en funcionamiento de los tres nuevos puntos.
La decisión posteriormente recibió el respaldo del presidente Abelardo De la Espriella, quien solicitó ampliar la revisión a los sistemas de fotodetección instalados en todo el territorio nacional, con participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte.
El objetivo de la revisión será establecer si las cámaras cuentan con las condiciones exigidas para operar y si su utilización responde a criterios de seguridad vial. El Gobierno también busca determinar si existen casos de abuso, incumplimientos o situaciones en las que estos sistemas hayan terminado priorizando el recaudo de comparendos.
Investigación involucra a 37 organismos de tránsito
El caso del corredor Barranquilla-Cartagena se suma a una investigación administrativa que la Superintendencia de Transporte adelanta desde mayo contra 37 organismos de tránsito por posibles incumplimientos relacionados con los sistemas automáticos de detección de infracciones.
La investigación comprende entidades de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio, entre otras.
Según las cifras entregadas por el Ministerio de Transporte, los organismos involucrados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas de detección electrónica. De ese total, 1.582.398 fueron pagados, generando un recaudo superior a $1,05 billones.
El Gobierno señala además que 5.832.906 comparendos que permanecen pendientes de pago deberán ser revocados de oficio como consecuencia de las irregularidades identificadas.
Entre los hallazgos se encuentran diferentes problemas relacionados con los conceptos de desempeño de los sistemas. De acuerdo con la información oficial, 12 organismos comenzaron a operar sin contar con el concepto requerido, siete utilizaron conceptos expedidos a terceros y 18 obtuvieron dicho concepto después de haber iniciado operaciones.
El impacto económico de las fotomultas
El volumen de sanciones involucradas también plantea un eventual impacto financiero. Los 37 organismos de tránsito recaudaron más de $1,05 billones por los comparendos que fueron pagados.
De acuerdo con el escenario planteado por el Ministerio de Transporte, si las investigaciones determinan que esos recursos deben ser devueltos y adicionalmente se imponen sanciones equivalentes al doble de esa suma, el impacto económico podría superar los $2,1 billones.
Sin embargo, esta cifra corresponde a una posibilidad derivada del proceso y no implica que exista actualmente una orden general de devolución. Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades y las medidas que correspondan en cada caso.
Más de 1.300 dispositivos autorizados desde 2018
La revisión también pone la atención sobre el crecimiento de los sistemas de fotodetección en Colombia.
Cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial citadas por El Tiempo indican que desde 2018 se han autorizado 1.339 dispositivos de detección electrónica en el país. De acuerdo con ese reporte, 356 permanecen activos en 20 departamentos.
El crecimiento de las autorizaciones ha sido especialmente marcado en los últimos años. En 2022 se autorizaron 44 dispositivos; en 2023 fueron 95; en 2024, 125; y en 2025 se alcanzaron 409, la cifra anual más alta. Hasta el 18 de agosto de 2026 se habían autorizado otros 131.
Bogotá concentra una parte importante de estos sistemas, seguida por ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Manizales. Las autoridades deberán, además, diferenciar entre dispositivos autorizados, instalados y aquellos que efectivamente se encuentran en funcionamiento.
Con la revisión nacional, el Gobierno busca determinar si las fotomultas están cumpliendo su finalidad de prevenir siniestros y contribuir a la seguridad vial, además de verificar que su instalación y operación se ajusten a las normas vigentes.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: elcolombiano.com
