El Ministerio de Transporte suspendió temporalmente la entrada en funcionamiento de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), el modelo diseñado para verificar de forma independiente las competencias de quienes aspiran a obtener una licencia de conducción en Colombia. La decisión mantiene, por ahora, el procedimiento tradicional mientras la entidad revisa aspectos contractuales, operativos y económicos del nuevo esquema.
La suspensión responde a inquietudes planteadas por ciudadanos y diferentes sectores frente al posible incremento en el costo del proceso para obtener la licencia. Según las estimaciones conocidas, el valor del trámite podría pasar de cerca de $1,4 millones a superar los $2,2 millones, lo que representaría un aumento de hasta $800.000 para los aspirantes.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que el Gobierno busca avanzar en el fortalecimiento de la seguridad vial sin imponer costos adicionales a los ciudadanos sin una evaluación previa sobre su necesidad y efectividad.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, señaló la funcionaria.
¿Qué son los Cale y cuál era su propósito?
Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación fueron contemplados en la Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban, impulsada por la entonces senadora Ana María Castañeda Gómez.
La iniciativa buscaba separar la formación de los futuros conductores del proceso de evaluación. Hasta ahora, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) han estado encargados tanto de capacitar como de evaluar a los aspirantes, una situación que, según los promotores de la reforma, podía generar conflictos de interés y facilitar presuntas irregularidades en el proceso.
Con el modelo Cale, las escuelas de conducción continuarían impartiendo la formación, mientras que las pruebas finales quedarían en manos de una entidad externa e independiente.
Para operar el sistema fue seleccionada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), institución que tendría la responsabilidad de desarrollar el esquema a nivel nacional. La elección de un único operador generó cuestionamientos y acciones legales, debido al interés de otras universidades públicas en participar en el proceso.
El contrato también despertó controversia por las proyecciones económicas asociadas a su operación, que podrían alcanzar cifras cercanas a los $20 billones durante un periodo de 20 años.
Así estaban previstas las evaluaciones
El modelo contemplaba un proceso dividido en tres etapas para determinar si los aspirantes contaban con las competencias necesarias para conducir de manera segura.
La primera correspondía a una prueba teórica de 50 preguntas, seleccionadas de manera aleatoria de una base de aproximadamente 5.000 ítems. El examen incluiría temas relacionados con normas de tránsito, conocimientos técnicos, comportamiento y ética vial, así como primeros auxilios. Para aprobar, sería necesario obtener al menos un 80 % de respuestas correctas.
La segunda etapa consistía en una prueba práctica en pista, diseñada para evaluar el control y dominio del vehículo en un ambiente controlado.
Finalmente, los aspirantes debían superar una evaluación en vías públicas, donde se analizaría su comportamiento en condiciones reales de tránsito, el cumplimiento de las normas, la capacidad de reacción ante situaciones imprevistas y la toma de decisiones durante la conducción.
El sistema también contemplaba mecanismos biométricos para confirmar la identidad de los usuarios y garantizar la trazabilidad del proceso. Asimismo, las pruebas tendrían estándares uniformes en todo el territorio nacional.
¿Por qué el Ministerio suspendió la puesta en marcha?
Aunque la Ley 2251 de 2022 continúa vigente, el Ministerio de Transporte decidió detener la implementación del modelo mientras adelanta una revisión integral de las condiciones bajo las cuales fue estructurado.
Entre los aspectos que serán analizados se encuentra el impacto económico para quienes solicitan una licencia, la legalidad y transparencia del proceso mediante el cual se seleccionó al operador, la capacidad para garantizar una cobertura adecuada y la efectividad real del modelo frente al objetivo de reducir los siniestros y las muertes en las carreteras.
La cartera de Transporte también evaluará si los costos adicionales previstos tienen una justificación suficiente y si el esquema cumple con los principios de eficiencia, transparencia y legalidad.
Mientras se desarrolla esta revisión, continuará vigente el modelo actual. Los Centros de Enseñanza Automovilística seguirán encargados de formar y evaluar a los aspirantes, bajo la supervisión de las autoridades competentes.
La ministra Elsa Noguera indicó que cualquier decisión definitiva se adoptará respetando el debido proceso y la seguridad jurídica. Una vez termine el análisis, el Ministerio de Transporte dará a conocer las determinaciones sobre el futuro de los Cale y su eventual implementación en Colombia.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: infobae.com
