En un esfuerzo por cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), el gobierno colombiano y los gremios de transportadores han acordado implementar dos aumentos en el precio del galón de diésel (ACPM) a lo largo del 2024. Esta decisión, anunciada después de una reunión entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y representantes de la Cámara Intergremial de Transporte, busca asegurar la sostenibilidad del fondo y del sector energético del país.
El Fepc es un mecanismo creado para amortiguar las fluctuaciones internacionales de los precios de los combustibles y así proteger a los consumidores colombianos. Sin embargo, en los últimos años, el fondo ha experimentado un déficit significativo, en parte debido a las diferencias entre los precios internacionales del petróleo y los precios internos del combustible. La estrategia de aumento gradual del precio del diésel es vista como una medida necesaria para asegurar la sostenibilidad del fondo y del sector energético del país.
Actualmente, el cálculo del precio del diésel considera el ingreso al productor (90%), el ingreso al productor de biodiésel (10%), la logística (distribuidor mayorista, minorista y transporte), y los impuestos. Los aumentos no afectarán directamente a los minoristas, sino a los grandes consumidores de diésel, como las empresas de transporte de carga, las compañías petroleras y las mineras. Sin embargo, un aumento en los costos operativos seguramente podría trasladarse a los precios finales de bienes y servicios. Además, hay preocupación por el impacto inflacionario que estas alzas podrían desencadenar, afectando la economía en general.
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El sector de transporte en Colombia se enfrenta a varios desafíos en el contexto de estos aumentos de precios. Por un lado, las empresas de transporte de carga, que son grandes consumidores de diésel, verán un aumento significativo en sus costos operativos. Esto podría llevar a un incremento en los precios de los bienes y servicios que dependen del transporte, impactando así a toda la economía. La Cámara Intergremial de Transporte ha expresado su preocupación por este impacto y ha solicitado medidas de apoyo del gobierno para mitigar los efectos negativos.
Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de Colfecar, ha destacado que “los aumentos en el precio del diésel representan un desafío significativo para el sector de transporte de carga, que ya enfrenta problemas como la informalidad, la inseguridad vial y la necesidad de renovar su parque automotor. Es crucial que el gobierno considere estas realidades al implementar las alzas y brinde el apoyo necesario para asegurar la sostenibilidad del sector”.
Además, se ha planteado la necesidad de mejorar la infraestructura vial para hacer más eficiente el transporte y reducir los costos operativos. En este sentido, el gobierno ha prometido invertir en la mejora de carreteras y la construcción de nuevas vías, así como en la modernización del parque automotor para hacer frente a los desafíos actuales.
El aumento del precio del diésel también tiene implicaciones más amplias para la economía y la sociedad colombiana. Un aumento en los costos de transporte puede llevar a un incremento en los precios de los productos básicos, afectando especialmente a las personas de bajos ingresos. Además, hay preocupaciones sobre el impacto inflacionario de estas alzas, que podría complicar aún más la situación económica del país.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ha subrayado la importancia de esta medida para asegurar la sostenibilidad del Fepc y ha señalado que “aunque entendemos las preocupaciones del sector de transporte y de la ciudadanía en general, es fundamental adoptar estas medidas para evitar un colapso financiero del fondo y asegurar la estabilidad del sector energético. Estamos comprometidos a trabajar con todos los actores para mitigar los efectos negativos y asegurar una transición ordenada”.
El gobierno ha propuesto una serie de medidas para apoyar a los sectores más afectados por los aumentos de precios, incluyendo subsidios para las empresas de transporte de carga y programas de asistencia para las familias de bajos ingresos. Además, se está explorando la posibilidad de implementar mecanismos de compensación para reducir el impacto inflacionario y asegurar la estabilidad económica.
De cara al futuro, es crucial que el gobierno y los gremios de transportadores trabajen juntos para asegurar la sostenibilidad del sector de transporte y mitigar los efectos negativos de los aumentos de precios. Algunas de las recomendaciones propuestas por los expertos incluyen:
- Mejorar la Infraestructura Vial: Invertir en la mejora y construcción de carreteras para hacer más eficiente el transporte y reducir los costos operativos.
- Modernización del Parque Automotor: Implementar programas de renovación de vehículos para hacerlos más eficientes y menos dependientes del diésel.
- Apoyo a los Sectores Afectados: Proporcionar subsidios y programas de asistencia para las empresas de transporte de carga y las familias de bajos ingresos.
- Diversificación de Fuentes de Energía: Fomentar el uso de energías alternativas y menos costosas para reducir la dependencia del diésel y mejorar la sostenibilidad del sector energético.
- Colaboración y Diálogo: Mantener un diálogo abierto y constructivo entre el gobierno y los gremios de transportadores para asegurar la implementación de medidas efectivas y justas.
La decisión de aumentar el precio del diésel en Colombia es una medida necesaria para asegurar la sostenibilidad del Fepc y del sector energético del país. Sin embargo, también representa un desafío significativo para el sector de transporte y la economía en general. Es crucial que el gobierno y los gremios de transportadores trabajen juntos para mitigar los efectos negativos y asegurar una transición ordenada y justa. Con medidas adecuadas de apoyo y una inversión estratégica en infraestructura y modernización, es posible enfrentar estos desafíos y asegurar un futuro más sostenible y próspero para Colombia.
Fuente: xataca
