El reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y los transportadores, que contempla un incremento de 800 pesos en el precio del ACPM para este año, ha puesto en alerta a los sistemas de transporte masivo en el país, como TransMilenio en Bogotá. Este aumento, aunque necesario para estabilizar la economía, tiene implicaciones significativas para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el cual enfrenta un impacto financiero que oscila entre 6.500 y 10.000 millones de pesos.
TransMilenio ya había expresado su preocupación por el efecto que este aumento tendrá en sus costos operativos, señalando que el combustible representa aproximadamente el 25% de su canasta de operación. Este incremento, sumado a las dificultades financieras que ya enfrentan varios de sus operadores, podría traducirse en un ajuste en las tarifas para los usuarios o en una profundización del déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), estimado en 3,1 billones de pesos.
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El Gobierno, por su parte, no ha descartado la posibilidad de otorgar exenciones o tarifas diferenciadas para los sistemas de transporte masivo, reconociendo la importancia de garantizar un servicio eficiente para millones de usuarios, especialmente aquellos de estratos 1 y 2. Sin embargo, hasta ahora no se han tomado medidas concretas en esa dirección.
A corto plazo, se espera que el primer aumento de 400 pesos se vea reflejado en el costo del galón de diésel, que en Bogotá pasará de 9.756 a 10.156 pesos. A pesar de que este incremento aún no impacta directamente a los usuarios, es probable que la administración distrital se vea obligada a ajustar la tarifa técnica para compensar el aumento en los costos operativos.
El experto en transporte, Darío Hidalgo, subrayó que aunque el impacto es significativo, no es tan grave como algunos operadores sugieren. Sin embargo, advirtió que para 2025 el Distrito probablemente deberá incrementar la tarifa entre 200 y 300 pesos para mitigar el efecto de los aumentos en los energéticos y los salarios.
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La situación financiera de TransMilenio no es aislada. Otros sistemas de transporte masivo en Colombia también enfrentan dificultades similares, lo que plantea la necesidad de un análisis más profundo sobre la sostenibilidad de estos servicios en el mediano y largo plazo. El reto para las autoridades es encontrar un equilibrio entre los intereses económicos y la necesidad de mantener un servicio de transporte público accesible para la población.
El aumento del ACPM representa un desafío para los sistemas de transporte masivo en Colombia, que deberán adaptarse a esta nueva realidad económica. Si bien el Gobierno ha prometido trabajar en soluciones estructurales para el sector, el impacto en las tarifas y en el déficit del FET es una preocupación latente que requiere atención urgente.
Fuente: ET