A diario, en Bogotá, unos 2,4 millones de pasajeros se movilizan en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) –que abarca la gran mayoría de la flota–, mientras un 20 por ciento adicional, es decir unos 480.000 viajeros, lo hacen en vehículos de transporte informal.
Las cifras de la Superintendencia de Puertos y Transporte indican también que unos 900.000 pasajeros se mueven cada día en sistemas masivos y colectivos de Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira, asimismo, una población, equivalente al 30 o 35 por ciento de ese promedio, utiliza medios no autorizados para desplazarse. Y en el ámbito nacional, según el superintendente Javier Jaramillo, se calcula que existe una tasa de ilegalidad de entre 30 y 40 por ciento.
Ese es parte del panorama de la informalidad en el transporte público en el país, convertida en una auténtica economía paralela que, de acuerdo con Jaramillo, afecta directamente a todos los sistemas de transporte masivo y colectivo en Colombia. (Lea también: Bicitaxismo, oficio aún sin solución de las autoridades)
En el país se han identificado seis modalidades de transporte informal: taxi colectivo, mototaxismo –especialmente en la costa Caribe y del que se han visto algunos brotes en ciudades como Bogotá–, despachos de servicio público en sitios no autorizados, bicitaxismo, vehículos particulares que prestan servicio público y carros de servicio público que ofrecen una modalidad que no les corresponde.
De estas dos últimas es conocida la polémica que ha generado la plataforma Uber y UberX (particulares), fuertemente criticada por el gremio de taxistas y perseguida por algunos de ellos.
El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunciaría próximamente un decreto para determinar la suerte de esta práctica de transporte, que hoy es vista como ilegal por las autoridades. De hecho, por norma los carros de servicio especial están restringidos solo a contratos con empresas, colegios, agencias de turismo y hoteles.
Por todas las anteriores modalidades ilegales de transporte, las autoridades de Tránsito aplicaron, entre el 2013 y el 30 de septiembre de este año, cerca de 81.000 comparendos en todo el país, cuyas multas ascienden a más de 45.000 millones de pesos, según la información recogida por el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Y solo en el 2014, de las 18.000 infracciones cometidas en el campo del transporte en general, y conocidas por la Superintendencia, el 45 por ciento se dieron por la ilegalidad en el servicio; y en lo que va del 2015, un 65 por ciento de 10.000 reportes correspondieron a esta misma práctica. Justamente para combatir las distintas modalidades de informalidad, desde el Ministerio de Transporte se explicó a EL TIEMPO que “se ha venido ajustando la reglamentación existente, regulando las formas de prestación y operación del servicio de transporte”.
Además, desde esa cartera se advierte que las modalidades ilegales no cuentan con los seguros obligatorios y de responsabilidad civil que son exigidos de acuerdo con la modalidad en la que se opera. Lo anterior, por citar un caso, quiere decir que las pólizas no amparan a los pasajeros que están a bordo de automotores que prestan servicios para los que no están facultados. (Vea: Preocupación por Easy Moto, la ‘app’ que dispararía el mototaxismo)
Entre tanto, Jaramillo cuenta que desde esa entidad se está impulsando en el Congreso de la República “la aprobación de un nuevo régimen sancionatorio que fortalezca los procesos de inspección, vigilancia y control, y que endurezca todas las sanciones que se imponen desde la Superintendencia de Puertos y Transporte”. Y agrega que, mientras se espera que se apruebe esa iniciativa, seguirán desarrollando operativos conjuntos con la Policía de Tránsito y Transporte, para combatir la ilegalidad en el transporte en todo el territorio nacional.
Fuente: El Tiempo
Fotografía: Pixabay
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