El Gobierno Nacional ha presentado una ambiciosa propuesta ante el Congreso para actualizar el marco legal del transporte férreo en Colombia, que data de 1920. Con el respaldo de la Resolución 3856 de agosto de 2024, esta nueva Ley Ferroviaria busca sentar las bases para una red ferroviaria moderna, intermodal y sostenible, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. A través de 46 artículos, la ley aborda aspectos cruciales como la reactivación de la infraestructura, la seguridad en los pasos a nivel, y la promoción de competencias especializadas en el sector.
El sistema férreo del país ha estado en un estado de abandono por décadas, con solo el 29% de sus 3.533 kilómetros de red activa. Los corredores actuales, como La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito, son estratégicos para conectar centros de producción y puertos, pero aún están lejos de cubrir la demanda necesaria para dinamizar el transporte de carga y pasajeros a nivel nacional.
La nueva ley propone aumentar las concesiones de Asociaciones Público-Privadas (APP) para facilitar la inversión a largo plazo. Esto no solo impulsará proyectos como la APP Pacífico y el Corredor Férreo Central, sino que fortalecerá la intermodalidad, al integrar el transporte ferroviario con modos carreteros y fluviales. El objetivo es reducir los costos de operación, mejorar la conectividad y revitalizar las economías regionales, ofreciendo un sistema más eficiente y competitivo.
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Además, se busca posicionar la infraestructura ferroviaria como determinante del ordenamiento territorial, involucrando a los municipios donde operan los trenes. A través de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), se priorizarán los proyectos de desarrollo ferroviario que respondan a las necesidades de crecimiento del país.
Uno de los puntos más innovadores de la ley es la promoción de la formación especializada en el sector ferroviario. Programas educativos y de capacitación se desarrollarán para fomentar las competencias necesarias, asegurando una mano de obra capacitada que impulse el crecimiento de este modo de transporte. Asimismo, la ley establece normas rigurosas de seguridad en los cruces a nivel, donde la prioridad será proteger a los usuarios y evitar accidentes.
Por otro lado, la ley enfatiza en la necesidad de una competencia justa, el acceso universal a los servicios y la cobertura suficiente para satisfacer la demanda. La creación de un entorno de libre competencia permitirá la participación de actores privados, estimulando la inversión y diversificación del sistema ferroviario.
Este cambio normativo se da en un contexto de creciente presión por parte de diversos sectores económicos para modernizar la infraestructura de transporte del país. La ineficiencia del sistema actual no solo incrementa los costos logísticos, sino que también limita las oportunidades de desarrollo económico, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.
La Ley Ferroviaria también incluye directrices para la financiación de las obras necesarias para rehabilitar y ampliar la red férrea. Se espera que este impulso normativo genere confianza entre inversionistas nacionales e internacionales, que verán en el modo ferroviario una alternativa viable y rentable para el transporte de mercancías y pasajeros.
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Sin embargo, la implementación de este proyecto no estará exenta de desafíos. Las concesiones APP a largo plazo requerirán una gestión eficiente y transparente para evitar retrasos y sobrecostos. Además, es fundamental que los distintos niveles de gobierno, junto con el sector privado, colaboren estrechamente para garantizar el éxito del proyecto.
La ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, ha señalado que esta ley es un paso crucial para transformar el sistema de transporte colombiano, haciéndolo más seguro, eficiente y sostenible. Según la ministra, la Ley Ferroviaria permitirá al país ponerse al día con los avances en infraestructura que ya han adoptado otros países de la región, como Brasil y México, que cuentan con redes ferroviarias más desarrolladas y competitivas.
En resumen, la Ley Ferroviaria no solo moderniza el marco legal obsoleto, sino que también ofrece una oportunidad para que Colombia diversifique su matriz de transporte, reduciendo la dependencia del modo carretero y contribuyendo al desarrollo de una economía más conectada y equitativa. Aunque el camino hacia la reactivación definitiva del sistema férreo será largo, este es un paso en la dirección correcta para el país.
El Congreso de la República deberá evaluar esta propuesta con un enfoque estratégico que permita resolver las limitaciones actuales y garantizar un futuro donde el transporte ferroviario juegue un rol protagónico en la economía nacional.
Fuente: Portafolio
