En un nuevo capítulo de la controversia sobre la financiación de las obras de infraestructura en Colombia, diferentes sectores públicos y privados han alzado su voz en contra del cobro de valorización por las obras de la Vía al Mar. Este cobro, promovido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, ha generado un profundo rechazo, especialmente en las comunidades afectadas de Cartagena y Barranquilla.
La Vía al Mar, un proyecto de gran envergadura que conecta a estas dos importantes ciudades costeras, ha sido objeto de debate no solo por su ejecución, sino también por los métodos de financiación empleados. El cobro de valorización, que se refiere a un impuesto que se cobra a los propietarios de inmuebles beneficiados por la obra, ha sido una de las medidas más polémicas.
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Impacto en los hogares populares
El presidente del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, en diálogo con Caracol Radio, expresó su preocupación por el impacto directo que este cobro tendrá en los hogares cartageneros, especialmente en barrios populares como Torices, Canapote y Daniel Lemaitre. “Lo que le estamos diciendo a la ministra en este momento es, revoque y derogue la actuación que tiene en la materia porque esto es ilegal”, afirmó Oliveros con evidente frustración.
La preocupación radica en que estos cobros adicionales podrían agravar la situación económica de miles de familias en Cartagena, Barranquilla y otros municipios aledaños. Los residentes de estos barrios, que en su mayoría pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, podrían verse obligados a enfrentar nuevos desafíos financieros para cumplir con este pago, lo que genera un sentimiento de injusticia y descontento generalizado.
¿Legalidad en cuestión?
La legalidad del cobro también ha sido cuestionada por varios gremios. Según Oliveros, la retroactividad del cobro de valorización presenta serias dudas jurídicas. La norma que permite realizar recaudos por proyectos ya construidos se aprobó en 2022, pero el proyecto de la Vía al Mar fue finalizado en 2021, según el Instituto Nacional de Vías (Invías). Este desfase temporal plantea un conflicto sobre la legalidad del cobro y ha generado una expectativa considerable respecto a la decisión que tome el Consejo de Estado.
“Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie, porque si no lo hace lo que ocurrirá es que se generarán recibos a hogares en Cartagena, Barranquilla y los municipios, y las personas se verán avocadas a instaurar recursos contra la administración”, explicó el dirigente gremial. Esta situación podría desencadenar una serie de demandas y acciones legales por parte de los afectados, complicando aún más la implementación de este cobro.
El clamor de los gremios
No solo los residentes están preocupados; los gremios empresariales de Atlántico y Bolívar han pedido la derogación de las resoluciones que habilitan este cobro. La crítica principal es que la medida no solo es injusta para los ciudadanos, sino también perjudicial para el entorno empresarial, que podría enfrentar un aumento en los costos operativos y una disminución en la competitividad.
La postura de estos gremios es clara: consideran que el cobro de valorización, tal como está planteado, no cumple con los requisitos legales ni con un sentido de equidad. Solicitan que se revise el procedimiento y que se busquen alternativas de financiación que no carguen de manera desproporcionada a los ciudadanos y empresas.
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El rol del gobierno
Hasta el momento, el Ministerio de Transporte no ha ofrecido una respuesta concluyente a estas críticas, lo que ha aumentado la incertidumbre entre los afectados. La ministra de Transporte se encuentra en una encrucijada: debe decidir si continuar con el cobro, lo que podría desencadenar una ola de protestas y litigios, o buscar una solución alternativa que satisfaga a todas las partes involucradas.
Es evidente que el tema de la valorización por la Vía al Mar se ha convertido en un punto de tensión entre el Gobierno y la sociedad civil. Los próximos meses serán cruciales para determinar si esta medida se convierte en un precedente peligroso para la financiación de obras públicas en Colombia o si, por el contrario, se encuentra una solución que equilibre las necesidades del Estado con los derechos de los ciudadanos.
Fuente: Caracol Radio
