Una tutela que está en manos de la Corte Constitucional, ha puesto en evidencia el pulso entre empresarios del sector, por un millonario negocio en las terminales de transporte terrestre de pasajeros del país.
Se trata del manejo del “Programa de Seguridad Vial”, convertido en la mayoría de los casos en una simple prueba de alcoholimetría que se les practica a todos los conductores antes de salir a sus rutas. La Corte deberá resolver si el jugoso negocio puede ser prestado por diversas agremiaciones y por las mismas terminales, o si – como lo pretenden los demandantes y lo dijeron dos juzgados – se configura una especie de monopolio de dos asociaciones de empresas del sector.
El programa, creado por el Gobierno Nacional en 2001, mueve anualmente en todas las terminales del país unos 30 mil millones de pesos. Estos recursos provienen del pago de la prueba de alcoholimetría que se les realiza a los choferes del transporte público intermunicipal. Según Aditt, uno de los gremios del sector, en 2013 se realizaron 11,6 millones de viajes, por los que las empresas pagaron, en promedio, 2.750 pesos por cada prueba de alcohol.
La mayor parte de este dinero se queda en las cuentas del Consorcio Aditt – Asotrans, promotor de la tutela contra la Terminal de Neiva, debido al enfrentamiento que tienen con la compañía Coomotor y otros de la región, por el manejo de la pruebas.
José Yesid Rodríguez, de Aditt, y Carlos Campillo, de Asotrans dicen que no es cierto que este negocio genere 30 mil millones de pesos anuales de recaudo, pero se abstienen de dar una cifra indicando que la información es confidencial. Afirman que entre enero y junio de este año, ellos han practicado 3,1 millones de pruebas en 15 terminales que manejan, incluyendo Bogotá, Medellín y Villavicencio. De acuerdo con el valor promedio que cobran en cada terminal habrían obtenido ingresos por 8.600 millones de pesos; en el mismo período de 2013 hicieron 2,4 millones de exámenes, es decir un 30 por ciento más en pruebas y dinero. En la Terminal de Bogotá el costo es de 2.800 pesos por cada examen.
El Decreto 2762 de 2001 dice que todas las terminales de transporte deben tener “equipos, personal idóneo y un área suficiente para efectuar exámenes médicos generales de aptitud física, y practicar la prueba de alcoholimetría”, pero en realidad, a los conductores solo se les somete a las pruebas de alcoholimetría. Entre tanto, enfermedades del corazón o asuntos de fatiga, sueño, sobrepeso, visión y audición son evaluadas en una mínima proporción.
Por ejemplo, mientras en 2013 se practicaron 5,4 millones de pruebas en terminales que manejan Aditt – Asotrans, solo se hicieron 15 mil exámenes de aptitud física y 11 mil de fatiga, es decir menos del 0,3 por ciento. La razón es que la prueba de alcohol es rápida, barata y se cobra de inmediato; los otros exámenes son más complejos y tienen mayor costo para quien opere el servicio, en este caso el Consorcio.
TUTELA
Una tutela llegó a la Corte tras dos controvertidas decisiones de juzgados bogotanos, aunque el pleito se registra en Neiva. Ambos jueces le ordenaron a la Terminal opita revivir el convenio con Aditt – Asotrans para manejar el programa, que había terminado en septiembre de 2013 luego de que la Terminal notificara desde abril que no lo renovaría y lo entregó al gremio Corpotrans.
La Terminal se amparó en conceptos del Ministerio de Transporte y la Supertransporte, e informes de su revisoría fiscal donde afirman que el consorcio incumplía el convenio, entre otras porque solo se dedicaba a cobrar a cada chofer por soplar el pitillo del alcoholímetro y no entregaba informes; Aditt y Asotrans alegaron que ellos son los únicos gremios nacionales y los jueces le reconocieron ese detalle como derecho fundamental vulnerado.
TERMINALES PUEDEN HACER LAS PRUEBAS
El 16 de octubre de 2013, el Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá falló en primera instancia a favor del Consorcio.
La apelación fue asignada a otro juzgado antes de que llegara a la oficina de reparto: el registro electrónico indica que a las 4:24 pm la repartieron y que a las 4:29 la recibieron. El Juez 4 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la sentencia. Aunque para los dos jueces, Aditt – Asotrans es el único que puede operar ese programa, en los mismos fallos señalan que existen otras 12 “agremiaciones nacionales”, y en 15 de las 30 terminales son otros los operadores. Los juzgados tampoco tuvieron en cuenta el criterio de la Supertransporte, que dijo que no había “fundamentos fácticos ni jurídicos” para que la Terminal fuera obligada a continuar manejando el programa con el mismo operador.
Fuente: Portafolio
Fotografía: Wikipedia
