El próximo año traerá consigo una transformación significativa para el sector motociclista en Colombia. A partir de 2025, todas las motocicletas ensambladas o importadas en el país deberán estar equipadas con sistemas de frenado avanzado, incluyendo frenos antibloqueo y combinados, certificados por la ONU o aprobados por las Federal Motor Vehicle Safety Standards de Estados Unidos. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, busca reducir la alta tasa de accidentalidad de motocicletas, la cual se ha duplicado en la última década, pasando de aproximadamente 3,000 fatalidades en 2014 a más de 6,000 en 2024.
La implementación de estas nuevas normativas promete mejorar la seguridad de los usuarios, garantizando que las motocicletas cuenten con mayores exigencias técnicas. Sin embargo, esta decisión también expone las deficiencias del mercado colombiano, que se ha convertido en uno de los diez más lucrativos a nivel global para ensambladores e importadores de motocicletas, superado solo por algunos países asiáticos.
El auge de las motocicletas en Colombia puede atribuirse a la baja normatividad del Estado, que ha permitido la importación de vehículos de malas condiciones técnicas y la expedición de licencias de manejo sin el rigor necesario. Esta situación ha llevado a un incremento en las ventas de motocicletas, con proyecciones que indican que en un par de años se venderán más de un millón de unidades, desplazando a Estados Unidos del décimo puesto en el mercado global.
La popularidad de las motocicletas ha tenido un impacto negativo en los sistemas de transporte masivo, que se encuentran en números rojos. La adquisición de una motocicleta se ha convertido en una opción más económica para muchos, utilizando el dinero de los pasajes de bus para una aparente inversión en transporte. Esta situación ha sido explotada por importadores sin escrúpulos, que han inundado el mercado con motocicletas de baja calidad, sin un buen sistema de frenos ni adaptadas a las condiciones regionales de Colombia.
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El resultado ha sido un aumento en la accidentalidad y una movilidad descontrolada en moto, agravada por el desgreño de las autoridades para regular este medio de transporte. A pesar de no pagar peajes, las motocicletas deambulan por las carreteras nacionales, contribuyendo al caos y la inseguridad en las vías.
El mototaxismo es otro problema que ha surgido de la gran oferta de motocicletas baratas. En muchas ciudades, esta actividad se ha convertido en una lucha contra los gobernantes que intentan reglamentarla. Sin ningún tipo de seguridad para los usuarios, el mototaxismo es una epidemia que se ha extendido por la inmensa mayoría de las poblaciones colombianas, sin que las autoridades logren poner freno a esta situación.
Sin embargo, la nueva normativa promete cambiar este panorama. A partir del próximo año, la mayoría de las motocicletas que hoy ruedan por Colombia, unas 12 millones de unidades, serán obsoletas al no contar con los frenos adecuados. Esto complicará las revisiones técnico-mecánicas y la expedición del seguro obligatorio (Soat), lo que obligará a una renovación del parque automotor de motocicletas en el país.
Además de la mejora en la seguridad, la implementación de estos nuevos requisitos podría tener un impacto positivo en la reducción de la criminalidad. En muchos hechos delictivos, las motocicletas han sido utilizadas como medio de transporte, aprovechando su agilidad y rapidez. La obligación de equipar las motocicletas con dispositivos de seguridad avanzados podría dificultar su uso en actividades delictivas, brindando una mayor tranquilidad a la ciudadanía.
A pesar de las acusaciones de malinchismo, no se trata de hacer menos al país, sino de exigir condiciones de seguridad, económicas y de crecimiento para sus ciudadanos. La responsabilidad social de los importadores de motocicletas también juega un papel crucial. Hasta ahora, no han mostrado interés en colaborar con las autoridades para filtrar la venta de motocicletas o adicionarles dispositivos de seguridad digitales. Esta falta de compromiso ha dejado a los usuarios expuestos a una tétrica escena de inseguridad en las calles y carreteras del país.
La nueva normativa representa un paso hacia adelante en la mejora de la seguridad vial en Colombia. Si bien los desafíos son significativos, la implementación de sistemas de frenado avanzados y la mayor exigencia técnica para las motocicletas podrían marcar el inicio de una nueva era en el transporte motorizado del país. La colaboración entre el gobierno, las autoridades y los importadores será clave para garantizar el éxito de esta iniciativa y ofrecer a los ciudadanos un medio de transporte seguro y confiable.
Fuente: LR
