La Superintendencia de Transporte ha dado un paso firme en el cumplimiento de las regulaciones establecidas por el Ministerio de Transporte en cuanto a la habilitación en el Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV). Tras el plazo establecido, seis concesionarios se encuentran bajo la mira de la entidad por negarse a acatar las Resoluciones 35125 y 51695.
Los concesionarios sancionados son los siguientes:
- BTS CONCESIONARIO S.A.S.
- AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.
- CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A.
- CONCESIÓN MONTES DE MARÍA S.A.S.
- CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO S.A.S.
- UNIÓN VIAL RÍO PAMPLONITA S.A.S.
La Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, expresó su preocupación ante el hecho de que algunos operadores de peajes no cumplieran con la normativa. Desde la entidad se había brindado acompañamiento y asesoría para garantizar la habilitación de los peajes en el Sistema IP/REV antes del 30 de octubre del año anterior, con el objetivo de abarcar el 100% de los peajes en el país.
La implementación de este sistema de recaudo electrónico vehicular no solo busca agilizar la logística del transporte, sino que también tiene beneficios tanto para los conductores como para los transportadores, la seguridad vial y el medio ambiente. No obstante, seis concesionarios han ignorado esta iniciativa y ahora enfrentan las consecuencias de sus acciones.
Hasta el momento, la Superintendencia de Transporte ha impuesto multas por un valor total de $152.000.000 a los concesionarios sancionados. Pero esto no es todo, ya que se encuentran en curso dos investigaciones con etapa probatoria cerrada y otra en fase de pruebas.
Entre los temas que se investigan están aquellos concesionarios que, aunque habilitados, no han implementado el sistema de recaudo electrónico, aquellos que no están interoperando con los seis intermediadores designados, y aquellos que aún no han realizado la habilitación requerida.
A pesar de las sanciones, los concesionarios tienen la posibilidad de presentar recursos legales como el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siempre respetando el debido proceso correspondiente.
