A pesar del significativo progreso del país durante los últimos años, la inserción de nuestra economía al mercado internacional encuentra grandes limitaciones en términos de competitividad y productividad. El lento avance de la infraestructura y el débil desempeño logístico, entre otros factores, mantienen rezagado al país en esta materia y se constituye como una de las grandes tareas pendientes tanto de la agenda pública como privada. De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia tiene los costos de transporte más elevados en Latinoamérica, seguido de Brasil y México. El costo de exportar en 2014 fue de aproximadamente US$2.400 por contenedor, de los cuales los costos asociados al transporte terrestre representaron US$1.535. Esto es resultado de la baja productividad, la informalidad y la excesiva regulación del transporte de carga, la falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y puertos, la ausencia del transporte multimodal y la carencia de plataformas tecnológicas.
De esta forma, como parte de una estrategia integral de mejora en la infraestructura de transporte, los esfuerzos de política pública deben fortalecer la estructura logística vial, en especial, lo relacionado a la reducción de los tiempos de traslado de las mercancías. Actualmente, de acuerdo con estimaciones de la Andi, si se tiene en cuenta que por cada peaje un vehículo de carga pesada se demora en promedio cerca de 10 minutos, se estima que en rutas como Bogotá-Cartagena y Bogotá-Santa Marta la espera puede alcanzar hasta dos y tres horas, respectivamente.
En este contexto, desde hace más de dos años la Banca ha venido trabajando de la mano con el gobierno y otras entidades en el proyecto de interoperabilidad en peajes y recaudo vehicular (el modelo de IP/REV – interoperabilidad peajes-recaudo electrónico vehicular) propuesto por el Ministerio de Transporte. Este proyecto de peajes electrónicos tiene como objetivo permitir que un usuario pueda transitar por todos los peajes del país con un único dispositivo a bordo de su vehículo. La implementación de esta medida será un hito en materia de innovación y permitirá, de la mano de una adecuada gestión en la operación, reducir los costos de desplazamiento al interior de nuestro territorio e incrementar nuestros niveles de productividad/competitividad.
Este modelo evitará que cada concesionario u operador de peaje desarrolle su propia solución tecnológica, de modo que se evite la fragmentación del mercado y termine afectando al usuario. Igualmente, permitirá la consolidación de la información sobre los pasos y el tránsito de los vehículos por las carreteras del país. Otros países ya han implementado de manera exitosa mecanismos de pago electrónico en peajes, que además de crear eficiencias y modernizar la infraestructura vial, han reducido los costos de operación a través del uso de la tecnología.
Y es que los peajes electrónicos se constituyen como una poderosa herramienta para superar los obstáculos en logística vial, pues se abre como una posibilidad para transitar de forma más eficaz sobre las vías del país. Contribuye, desde luego, con la reducción de los tiempos muertos en los tramos con peajes y el aumento de la velocidad promedio, así como con la reducción de emisiones de carbono y el mayor control sobre el dinero recaudado, facilitando con ello la fiscalización tributaria. Será también un canal importante para la reducción del uso del efectivo pues el dispositivo que se instalará en los vehículos podrá ser usado para realizar otro tipo de pagos, lo que contribuirá a la creación de un ecosistema de pagos electrónicos que le permitirá a los consumidores contar con instrumentos de pago más eficientes y seguros.
El país, sin duda, debe celebrar esta iniciativa del Gobierno en la medida en que su correcta implementación permitirá avanzar en términos de competitividad y logística vial y reducir las brechas que, frente a estándares internacionales, ha venido exhibiendo el país en esta materia.
Fuente: La Republica
Fotografía: Andrés Machado
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