Fiscalía pide un parqueadero, pero Contraloría dice que se gastarían recursos no reembolsables.
Una orden de la Fiscalía General para que la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito trasladen a casi 1.000 vehículos parqueados frente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda y construya un patio transitorio de manera urgente tiene al Distrito “entre la espada y la pared”.
La frase es del secretario Juan Pablo Bocarejo, quien recordó que la Contraloría ya había ordenado lo contrario: que la Administración no dé más recursos para ello, al no existir mecanismo legal para que la Fiscalía –como custodia de esos vehículos por estar implicados en accidentes de tránsito con muertos y heridos– los reembolse a la ciudad.
El ente acusador apeló a su función como máximo jefe la policía judicial para impartir la orden a la de tránsito, que en casos de accidente funge como policía judicial, para ordenarles llevar los vehículos hasta los patios de la Fiscalía, ubicados en el municipio Tenjo.
El asesor del Fiscal (e), Belisario Moreno, señaló que la interpretación del ente es que “es una función de orden constitucional de la policía judicial: si ocurre un accidente en cualquier lugar, el primer funcionario de la policía judicial es de tránsito, independientemente de a quién esté adscrito”.
Para ello, se amparan en el numeral 8 del artículo 250 de la Constitución, el artículo 202 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 3 del Código de Tránsito.
No obstante, el artículo 167 del Código de Tránsito señala que “los vehículos que sean inmovilizados por orden judicial deberán llevarse a parqueaderos cuya responsabilidad será de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. Las autoridades de tránsito no podrán inmovilizar, en los parqueaderos autorizados, vehículos por acciones presuntamente delictuosas”.
El pago de las grúas lo venía haciendo la Secretaría de Movilidad, pero la Contraloría hizo dos hallazgos fiscales (uno por 130.000 millones de pesos) en el 2015, al considerar que no eran obligaciones del Distrito el transporte y custodia de esos vehículos accidentados.
“Es un tema muy frustrante para nosotros porque por un lado recibimos un hallazgo fiscal de la Contraloría que le ordenó a la Secretaría no hacerse cargo de esos vehículos. Ha sido difícil llevar esos vehículos a Tenjo: se pierde una grúa al día, es costoso y la Fiscalía muchas veces no tiene listos los papeles, por lo que un vehículo puede tardar cinco horas en entrar al patio”.
Bocarejo insistió en que han hecho mesas de trabajo semanales con la Fiscalía para resolver el problema y que los sorprendió la notificación.
Fuente: El tiempo
Fotografía: El tiempo
