El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que genera debate y preocupación en el país: el aumento del precio del ACPM. Esta medida, que el Gobierno considera urgente y necesaria debido a los compromisos fiscales, ha encontrado resistencia por parte de los gremios de transporte de carga y público.
El diferencial de casi $7.000 en el precio del ACPM respecto al valor internacional es motivo de preocupación para las autoridades, especialmente ante el déficit creciente del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que alcanzó los $20 billones en 2023. Este año, se estima que el déficit podría llegar a $12 billones si no se toman medidas adecuadas.
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El ministro Bonilla propone ajustar el precio del diésel como una medida para reducir el déficit, pero la incertidumbre persiste en cuanto a la magnitud y velocidad del posible aumento. Se teme que un incremento brusco tenga efectos negativos en la inflación, lo que preocupa tanto al Gobierno como a la población en general.
Ante esta situación, se plantea la necesidad de establecer tarifas diferenciales para ciertos sectores, como los transportadores de alimentos y los vehículos de transporte público masivo de pasajeros. Sin embargo, estas propuestas aún están en proceso de negociación y evaluación en mesas técnicas.
La pregunta que queda en el aire es si el aumento del precio del ACPM es realmente inevitable dadas las necesidades fiscales del país, o si existen alternativas que puedan mitigar el impacto en la economía y en los sectores más vulnerables. En un contexto de incertidumbre económica, es fundamental encontrar un equilibrio entre la salud fiscal y el bienestar de la población.
Fuente: Pulzo
