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¿Irregularidades en ANI?

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La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de iniciar una investigación disciplinaria contra el Ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, ha sacudido el panorama del sector. Se le acusa de posibles irregularidades relacionadas con la revocación de la concesión portuaria que antes pertenecía al Grupo Portuario S.A., específicamente el Muelle 13 de Buenaventura.

El detonante de esta situación fue la negativa por parte del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el pasado 28 de diciembre para aprobar la prórroga y modificación del contrato de concesión portuaria, aprobado tan solo cinco días antes. Ante esta situación, la Procuraduría ha decidido indagar más a fondo y esclarecer las razones detrás de esta decisión.

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El foco de la investigación también incluye a cinco funcionarios clave que estuvieron involucrados en la revocatoria de la concesión. Se cuestiona su actuación y se les acusa de posibles actos de falsa motivación al argumentar “importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura” sin presentar pruebas contundentes al respecto. Además, se señala una presunta violación del debido proceso en el trámite de la solicitud de modificación del contrato de concesión, ignorando la preclusión de las etapas y otros aspectos cruciales.

Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad de los procesos que rodean la gestión de las concesiones portuarias en Colombia. La confianza en la imparcialidad de las instituciones encargadas de regular este sector es fundamental para garantizar un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico.

Esperamos que esta investigación arroje luz sobre los hechos y proporcione claridad sobre las decisiones tomadas, asegurando que se respeten los principios de legalidad, transparencia y buen gobierno en el ámbito portuario nacional.

Fuente: Asuntos Legales

Imagen: Asuntos Legales