La Resolución 3856 del 26 de agosto de 2024, emitida por el Instituto Nacional de Vías (Invías), ha generado polémica en Cartagena y Barranquilla debido al cobro de valorización de la Vía al Mar, una de las principales conexiones entre ambas ciudades. Este cobro afecta a 10 poblaciones en los departamentos de Bolívar y Atlántico, estableciendo una amplia área de influencia que incluirá más de 66,000 predios solo en Cartagena, donde la mayoría de estos son residenciales, comerciales y agrícolas.
Este proceso de valorización, que busca recaudar fondos para el mantenimiento y desarrollo de esta vital arteria vial, ha sido recibido con escepticismo por parte de los contribuyentes, quienes argumentan que la medida no toma en cuenta adecuadamente la capacidad de pago de los propietarios afectados. Aunque Invías ha eximido de este cobro a aquellos en situación de vulnerabilidad, como los pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, y predios de Unidades Agrícolas Familiares, el impacto económico sigue siendo considerable para muchos.
La zona de influencia definida por la resolución en Cartagena incluye áreas clave como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga, lo que abarca unas 24,128 hectáreas. Mientras tanto, Santa Catalina, ubicada al norte de Cartagena, también se verá impactada, especialmente en zonas colindantes con el Mar Caribe. Esta situación ha generado preocupación tanto en el ámbito urbano como rural, ya que la región cuenta con una importante mezcla de actividades comerciales, residenciales y agrícolas que se verán afectadas por este nuevo impuesto.
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El área metropolitana de Barranquilla, que incluye municipios como Soledad, Galapa y Puerto Colombia, entre otros, tampoco escapa a este cobro. La resolución establece que estas poblaciones deberán hacer frente a un pago proporcional al valor de sus predios, lo que, según expertos, podría encarecer considerablemente el costo de vida en una zona que ya enfrenta múltiples desafíos económicos.
Uno de los puntos más controvertidos del documento es la afectación a los predios comerciales, ya que las empresas ubicadas dentro del área de influencia podrían ver un aumento significativo en sus costos operativos. Esto podría repercutir en los precios de bienes y servicios en la región, afectando tanto a los negocios como a los consumidores.
Además, este tipo de decisiones despiertan interrogantes sobre la capacidad del sistema de transporte regional para soportar las exigencias del crecimiento poblacional y comercial. Aunque la Vía al Mar es una infraestructura crítica para la conectividad entre Cartagena y Barranquilla, algunos ciudadanos y líderes locales cuestionan si el cobro de valorización es la solución adecuada, o si se está trasladando una carga desproporcionada a los propietarios de predios.
El gobierno local y las autoridades responsables argumentan que esta medida es necesaria para garantizar el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial. Sin embargo, algunos sectores sugieren la exploración de alternativas más equitativas de financiamiento, como asociaciones público-privadas o inversión extranjera. La sostenibilidad y el desarrollo de las infraestructuras no deben recaer únicamente en los hombros de los ciudadanos, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida y desafíos económicos post-pandemia.
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En este contexto, la comunidad espera con preocupación cómo se implementará esta resolución en los próximos meses, y si se tomarán en cuenta las voces de quienes se oponen a la medida. Mientras tanto, los municipios afectados están organizando mesas de diálogo y manifestaciones pacíficas para solicitar una revisión de los criterios de valorización, buscando así un enfoque más balanceado que no afecte el bienestar económico de los ciudadanos.
La Vía al Mar seguirá siendo un punto de debate en los próximos meses, no solo por su importancia para la conectividad de la región, sino también por el impacto que tendrá este nuevo cobro en las dinámicas económicas y sociales de Cartagena, Barranquilla y sus alrededores. Las preguntas sobre quién debería financiar el desarrollo de las infraestructuras y cómo hacerlo de manera justa seguirán siendo temas cruciales en la agenda pública.
Fuente: Caracol Radio
