La movilidad en el corredor Bogotá–La Calera colapsó desde las 7:00 de la mañana de este 9 de abril, luego de que comunidades campesinas y propietarios rurales bloquearan completamente la vía en rechazo al incremento del impuesto predial derivado de la actualización catastral.
La manifestación, enmarcada en el paro nacional de sectores rurales, mantiene paralizado uno de los accesos más importantes entre la capital y las zonas rurales de Cundinamarca. Los protestantes aseguran que los nuevos avalúos, establecidos bajo la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), han generado incrementos desproporcionados en el valor de los predios.
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De acuerdo con denuncias de los habitantes y reportes de medios locales, algunos casos presentan aumentos de hasta el 5.000%, mientras que el promedio en distintos municipios ronda el 300%, cifras que los líderes del sector consideran inviables frente a la capacidad económica de las familias campesinas.
“Nos oponemos a la forma en que se aplicó la actualización. El campo no soporta estas cargas sin una revisión social y económica”, manifestó uno de los voceros de la protesta.
El cierre de la vía ha provocado fuertes afectaciones en la movilidad, impactando tanto el transporte de pasajeros como el abastecimiento de productos agrícolas hacia Bogotá. Decenas de vehículos quedaron detenidos durante horas y varios usuarios optaron por continuar a pie para intentar llegar a sus destinos.
La congestión también ha repercutido en rutas alternas hacia municipios del oriente cundinamarqués, generando retrasos en el transporte público y afectaciones en la conexión con zonas como Choachí y otros corredores rurales.
Entre las exigencias de los manifestantes se encuentra la suspensión inmediata de los nuevos avalúos, la derogatoria de la resolución del IGAC y la instalación de mesas técnicas para revisar la metodología de la actualización catastral. Además, solicitan una moratoria de un año en los cobros del impuesto predial y el congelamiento de embargos e intereses moratorios mientras se revisa la situación.
El alcalde de La Calera ha reconocido la necesidad de modernizar el catastro, pero advierte que los ajustes deben contemplar criterios de equidad para no afectar la economía de las familias rurales. “Es necesario un análisis técnico que garantice justicia en la capacidad de pago de los ciudadanos”, señaló el mandatario local.
La situación en La Calera se suma a un panorama de protestas en otras regiones del país, donde también se reportan bloqueos por incrementos en el impuesto predial, especialmente en departamentos como Santander, Antioquia, Casanare, Quindío y el Eje Cafetero.
En Santander, por ejemplo, incrementos de hasta el 5.000% en municipios como Lebrija han derivado en acciones judiciales ante el Consejo de Estado, con el objetivo de frenar los efectos de la normativa y replantear el modelo de actualización.
La Policía Metropolitana de Bogotá mantiene presencia en el sector y adelanta diálogos con los manifestantes para buscar soluciones que permitan restablecer la movilidad sin registrar hechos de violencia.
Por su parte, el IGAC sostiene que la actualización catastral responde a la necesidad de modernizar la base de datos predial del país y reflejar valores reales del mercado. Sin embargo, las comunidades insisten en que la implementación ha sido acelerada y sin suficiente consideración de las condiciones socioeconómicas rurales.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
